La gravedad venezolana del asunto llega el extremo de intercambio de sexo por alimentos ante la vista indiferente el gobierno y sus politicas económicas
Los más afectados por la inseguridad alimentaria son los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. La desnutrición en menores de cinco años afecta a 1,4 millones. La mayoría de las personas de la tercera edad solo reciben $3 de pensión que no les alcanza para cubrir las necesidades básicas. Genera alarma el aumento de la población que intercambia sexo por alimentos
La inseguridad alimentaria severa en los venezolanos creció en el 2023 y asciende a 45,2% de la población, lo que equivale a 13 millones de personas. Es decir, casi la mitad de los ciudadanos no dispone de ninguna posibilidad de alimentos y pasan a estar en una situación crítica, indica el más reciente informe de HumVenezuela.
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Pese a que los datos indican que la disponibilidad de alimentos creció cuatro puntos porcentuales, pasando de 44,4% a 48,4% con respecto a 2022, el bajo ingreso les impide a las familias acceder a estos, pues el salario mínimo que es de apenas Bs 130, equivale a $3,62 a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela del 11 de enero; no alcanza para cubrir la canasta alimentaria que el pasado mes de noviembre se ubicó en $522,01, lo que lleva a las personas a buscar alternativas para sobrevivir y poder adquirir comida.
«Las familias sacrifican todo lo que tiene que ver con salud y con educación para poder comer. Aproximadamente 75% de las familias gasta más de 50% de su ingreso en alimentación, empiezan a vender sus pocos enseres para tratar de compensar el ingreso y comprar ciertos alimentos; lo que hace que la vulnerabilidad de estos hogares sea muy alta», expone Maritza Landaeta, investigadora de estudios de creación de patrones de crecimiento nutricional, planificación y utrición.
La inseguridad alimentaria expresada en números
91,6% de los hogares utiliza estrategias de sobrevivencia para alimentarse, rindiendo el presupuesto o aumentando la carga laboral.
87,6% de los hogares desmejora la calidad y variedad de los alimentos.
86% de los hogares tiene un presupuesto insuficiente para comprar alimentos.
83,6% no cuenta con cantidades suficientes de alimentos por sus altos costos.
61,9% paga las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para poder alimentarse, aunque estos productos no cumplen con los estándares nutricionales.
41,1% de las familias combina estrategias como sacrificar gastos, extenuar medios de vida o privarse del consumo de alimentos.
En 13,8% de los hogares algún integrante trabaja para que le paguen con alimentos.
Entre 10,3% y 12,3% de los consultados recibe alimentos de donaciones o regalos.
En 9,5% de los hogares algún miembro migró para poder conseguir alimentos.
En 4% de las familias consultadas se compra alimentos vencidos.
En 3,5% de los hogares varios miembros debieron comer fuera del hogar (se supone que para rendir los alimentos).
1,5% de las personas consultadas intercambia sexo por alimentos.
Los más afectados
Maritza Landaeta, coordinadora de la Fundación Bengoa y del Observatorio Venezolano de Salud (OVS), explica que toda la población se ve afectada, pero añade que la inseguridad alimentaria influye de manera directa en la calidad de vida de los niños, mujeres embarazadas y los adultos mayores. Asegura que por esto «ha aumentado la mortalidad infantil con cifras altas».
Sin embargo, en el país no existen datos oficiales de distintos indicadores de salud desde el año 2016 cuando se publicó el último boletín epidemiológico. En ese entonces, la mortalidad infantil pasó entre los años 2000 a 2016 de 19,4% a 20,23% por 1.000 nacidos vivos; lo que significa un aumento de 4,3% en ese período.
Los estragos del aumento de la inseguridad alimentaria se evidencian en desnutrición aguda y crónica en menores de cinco años; lo que, detalla Landaeta, perjudica el crecimiento físico de los niños y puede llegar a afectar el desarrollo cognitivo. Entre 30% y 35% de la población infantil se encuentra en esta situación, de acuerdo con estudios de diversas organizaciones ante la ausencia de informes nacionales emitidos por las autoridades.
En este sentido, la organización HumVenezuela afirma que «la desnutrición en menores de cinco años continúa siendo un grave problema en el país, afectando a 1,4 millones con algún grado de déficit nutricional o riesgo de tenerlo». De acuerdo con las mediciones del año pasado, 9,5% de los niños tiene desnutrición aguda y 35,4% desnutrición crónica.
El segundo grupo más afectados son los adultos mayores porque la gran mayoría solo recibe los $3 de pensión al mes, generalmente padecen patologías que necesitan medicamentos, y el dinero que perciben no les alcanza para costear gastos de alimentación y medicinas.
«A veces no tienen para comprar una alimentación selectiva que necesitan (los adultos mayores) y están consumiendo lo que viene en el CLAP, donde hay poca proteína», sostiene la especialista Landaeta, lo que a su vez complica el cuadro de salud y de nutrición.
Sexo por alimentos
Tras la consulta realizada por HumVenezuela en 20 estados del país, encontraron que 1,5% de los encuestados dice que intercambia sexo por alimentos.
«Se llama de alto riesgo. Los estudios dicen que es una de las estrategias que se están usando para tratar de incrementar los ingresos de la familia y el grupo de adolescentes es uno de los que está más afectado en esta situación«, alerta Landaeta.
La especialista en temas de nutrición pide a las autoridades estar vigilantes sobre esta situación que afecta principalmente a los infantes.
Regiones con mayor inseguridad alimentaria
Los estados más pobres del país son precisamente los más críticos en cuanto a inseguridad alimentaria. Landaeta los menciona: Sucre, toda la zona indígena del Zulia, Delta Amacuro, Falcón y Trujillo. De igual manera, explica que en los estados agrícolas la inseguridad alimentaria es mayor porque «la posibilidad de acceder a alimentos es aún más limitado en esos hogares» y la distribución del CLAP es más deficiente en las zonas rurales que en las urbanas.
Sin el apoyo de organizaciones humanitarias, los números de la inseguridad alimentaria serían mayores. Solo el año pasado, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP) atendió en el país a 500.000 personas.
De acuerdo con el informe Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina, publicado en enero de 2023 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Venezuela registra la mayor tasa de subalimentación de Suramérica con 22,9% en el Índice de Prevalencia de Subalimentación (IPS); lo que significa que 6,5 millones de connacionales padecieron hambre entre 2019 y 2021.
Maritza Landaeta celebra que las organizaciones humanitarias presten apoyo en el país porque «llegan a los más vulnerables y ayudan a combatir la falta de alimentación», pero recuerda que la mayor responsabilidad es del Estado y no puede ser asumida por las ONG.
¿Cómo solucionar?
Lo primero que expone Landaeta es que «el factor limitante es el ingreso» y mientras este no se ajuste y se estabilice para que las personas tengan la libertad de comprar sus alimentos, la situación no va a mejorar.
Durante una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet que se transmitió el pasado 1° de enero, el mandatario Nicolás Maduro dijo que en el país «falta mucho todavía. Hemos hecho de tripas corazones para mejorar el ingreso mínimo integral», pero aseguró que con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción se protege el derecho a la alimentación de los ciudadanos.
Añadió que en 2023 en el país se logró el nivel de abastecimiento interno más alto de los últimos 25 años con 97%, con producción propia y actividad de los sectores económicos privados con importaciones; sin embargo, los datos demuestran que el aumento de la producción no significa mayor consumo y que los CLAP no llegan con la calidad y regularidad que deberían ni a las zonas que más lo necesitan.
Ante este panorama de inseguridad alimentaria, Maritza Landaeta realiza algunas recomendaciones en aras de atenuar los efectos sobre la población del país. La especialista destaca la responsabilidad del Estado en fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para asegurarle a los niños al menos una o dos comidas al día, reforzar la atención materno-infantil, ayudar a los adultos mayores, mejorar el ingreso, abrir fuentes de trabajo y aumentar la calidad de los alimentos que se venden en el CLAP.
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