Al parecer de nada sirvió la denuncia que efectuáramos el pasado 21 de febrero donde denunciábamos la flagrante corrupción que se estaba llevando a cabo en la Inspectoría del Trabajo de Maracaibo (sede Luis Hómez), ya que tanto el Inspector Jefe Tomás Viloria, como su jefe inmediato Antonio Bermúdez, presuntamente continúan “cuadrando” con los empresarios en detrimento de los trabajadores, lo cual según denuncia de algunos empleados honestos, los cuadres son a cambio de aires acondicionados para uso personal ya que la sede Luis Hómez, se encuentra sin aires ya que los prenombrados los piden para ellos y no para la institución. 

En nuestra denuncia anterior, hicimos referencia a algunos de los funcionarios adscritos a esa dependencia gubernamental se han asociado para forjar los expedientes y favorecer a los empresarios infractores, entre ellos se encuentran los abogados Ruth Carmona y José Solarte y por error incluimos a la abogada Marinelis Escalante jefe de la sala de fueros, la cual hasta la semana pasada se encontraba de reposo posnatal y según pudimos constatar “nada tiene que ver con los casos descritos”.

El hecho es que en la precitada Inspectoría del Trabajo Sede Luis Hómez, con el apoyo del Abogado Tomas Viloria como Inspector Jefe, se forjan actas contentivas de los expedientes insertando folios, ellos y no los patronos, Incluso luego de haberse declarado la empresa en desacato por no aceptar el reenganche o el pago inmediato de beneficios no cancelados a los empleados para luego cuadrar con ellos una suma en detrimento de los trabajadores.

Uno de los casos (por mencionar alguno) es un caso que se sigue en contra del mini market CocaClub ubicado en la Urbanización El Naranjal, en el cual los abogados Freddy Arrieta, la destituida jefe del Circuito Penal del Zulia Vileana Meleán y los inspectores abogados Ruth Carmona y José Solarte, con el apoyo de Tomas Viloria, se prestaron para forjar las actas contentivas del expediente insertando autos y reenumerando lo folios y, para colmo de desfachatez el Inspector jefe Tomas Viloria impide a los abogados de la defensa acceso al expediente con el pretexto que él ya declaró en desacato a la trabajadora denunciante por no poder asistir al tercer procedimiento de reenganche por hacérsele imposible debido a que se encontraba imposibilitada en llegar a la hora fijada por el inspector.

Estos actos contrarios a la Ley cometidos por el Inspector Tomas Viloria, violan flagrantemente los artículos 26, 28 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que además desde el 22 de enero que se realizó el auto de ejecución forzosa a la fecha, aún no han sido elaborados los oficios de sanciones y remisión al Ministerio Público por el desacato por orden del Inspector jefe Tomás Viloria, para poderse ejecutar las sanciones correspondientes a la empresa mini market CocaClub, ya que por instrucciones de este se decidió realizar una nueva visita para tratar de lograr el reenganche y poder aplicar una calificación de despido la cual fue solicitada por el abogado de la empresa luego de ser declarada la empresa en desacato, lo cual raya en ilegalidad y parcialidad en favor de la empresa además de que, dicha empresa carece de todos los permisos como: solvencia laboral, cumplimiento de la ordenanza de la Contraloría Sanitaria, solvencia del Impuesto sobre la renta, inscripción y solvencia en el Seguro Social y la solvencia municipal, entre otras, necesarios para operar de manera legal.

Ante estos bochornosos delitos de tráfico de influencias, asociación para delinquir, forjamiento de documentos públicos y violación de los derechos fundamentales llevado a cabo por los funcionarios de esa Institución Tomás Viloria, Ruth Carmona y José Solarte en favor de los empresarios, como es el caso citado del mini market CocaClub, se hace imprescindible el abocamiento del Ministro del Poder Popular para los Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela Dr. Alexis Corredor Pérez, así como al Fiscal General de la República, a fin de que aperturen las respectivas averiguaciones correspondientes a fin de sancionar los delitos cometidos por los mencionados funcionarios de la Inspectoría del trabajo de Maracaibo Sede Luis Hómez, se resuelvan los casos conforme a la Ley, se impute y destituya a los implicados.

Según algunos abogados cercanos a este diario digital, todo cuanto se diga sobre el Ministerio del Trabajo, a Inspectoría del Trabajo, o de Insapsel es creible por la grado de deterioro de los altos funcionarios, según la queja de los propios empleados y obreros.

Héctor Barrios s./pasante

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