La administración Biden suspendió temporalmente un programa de Parole humanitario que ha permitido a casi medio millón de ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua vivir y trabajar en Estados Unidos dado a preocupaciones de fraude.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional no especificó qué llevó a la suspensión. Pero fuentes le dijeron a nuestros periodistas que la decisión es el resultado de alertas de fraude que involucran a personas en Estados Unidos que buscan que sus amigos y familiares sean aprobados bajo el programa.
“El DHS cuenta con mecanismos de revisión para detectar y prevenir el fraude y el abuso en nuestros procesos de inmigración.
El DHS se toma muy en serio cualquier abuso de sus procesos”, dijo el portavoz.
“Por precaución, el DHS ha suspendido temporalmente la emisión de autorizaciones de viaje avanzadas para nuevos beneficiarios mientras realiza una revisión de las solicitudes de los partidarios”.
El portavoz añadió que la agencia reiniciará el procesamiento de solicitudes lo más rápido posible con “las salvaguardias apropiadas”.
Fox News informó por primera vez sobre la pausa y su relación con un posible fraude. Unas 30,000 solicitudes serán revisadas manualmente y cualquier discrepancia dará lugar a que las solicitudes sean invalidadas, dijo una fuente al personal periodístico.
A fines del año pasado, los defensores de los inmigrantes dieron la alarma sobre la posibilidad de fraude tras rumores dentro de las comunidades de inmigrantes de que la gente estaba pagando miles de dólares para ser aprobados más rápidamente.
Para ingresar a los Estados Unidos a través del programa de permiso humanitario de dos años, un patrocinador primero debe comprometerse a respaldar financieramente a un beneficiario potencial cuando viva en los Estados Unidos.
Los solicitantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua deben tener un pasaporte válido y pasar controles de seguridad, antecedentes y salud para recibir la aprobación de viaje. Una vez que llegan a un aeropuerto estadounidense, un oficial decide si les otorgan darles parole.
El portavoz del DHS dijo que la agencia no había identificado ningún problema por parte de los beneficiarios. Guerline Jozef, fundadora de Haitian Bridge Alliance, calificó la decisión de “desafortunada” dado que hay tantas personas, especialmente haitianos, “que han estado esperando obtener aprobación para recibir protección”.
“Advertimos a la comunidad que se asegure de que toda la información proporcionada sea correcta y que no intenten cambiar la información para intentar estafar al sistema.
Hacemos un llamado al DHS para que vuelva a un sistema de aprobación completo por orden de llegada para evitar este tipo de problemas que se deben principalmente a la desesperación en situaciones extremadamente vulnerables”, dijo Jozef al Herald.
Sobre 494,000 personas de los cuatro países habían volado a Estados Unidos hasta finales de junio, según cifras del gobierno. Eso incluye a más de 104,000 cubanos, aproximadamente 194,000 haitianos, más de 86,000 nicaragüenses y alrededor de más de 110,000 venezolanos.
El DHS considera un promedio de 1,000 solicitudes por día. Se supone que la mitad se elige por orden de llegada y la otra mediante un sistema tipo lotería. Esto ha generado frustración tanto entre los patrocinadores como entre los beneficiarios, algunos de los cuales han estado esperando más de un año y medio para recibir aprobación para viajar.
El portavoz del DHS dijo que la agencia no había identificado “cuestiones preocupantes” relacionadas con los beneficiarios y que estos solicitantes fueron examinados y examinados minuciosamente antes de ingresar a los Estados Unidos.
La administración Biden creó el programa de parole como parte de sus intentos de frenar la migración irregular de los cuatro países, que enfrentan crisis humanitarias y políticas.
El programa, vigente para las cuatro nacionalidades desde principios de 2023, ha sido criticado por funcionarios republicanos, quienes argumentan que es una extralimitación de la autoridad ejecutiva y ha sobrecargado a los estados.
Un grupo de estados liderados por republicanos llevó al DHS a los tribunales por el programa, alegando que causa “daño irreparable”. Pero un juez federal de Texas desestimó el caso en marzo. Sin embargo, dijo que los tribunales aún no han evaluado la legalidad del programa.
Jaira Molano – Noti/Imágenes
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