La empresa ya había sido privatizada en los años 90 y fue reestatizada porque una firma española la dejó al borde de la quiebra.
El presidente de Argentina, Javier Milei, inició formalmente el proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas a través de un decreto que acompañó de una amplia exposición de motivos.
“La privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente”, señala el decreto que fue publicado en el Boletín Oficial.
De acuerdo al Gobierno, la medida fue adoptada “con el fin de garantizar el servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga, así como el proceso de crecimiento del turismo nacional e internacional”.
Del mismo modo, se asegura que la privatización tiene el objetivo de prestar “un servicio de excelencia que proyecte positivamente la imagen del país y permita acoger a los usuarios locales y extranjeros con hospitalidad, compromiso y conciencia gracias al buen servicio que debe brindar la línea aérea de bandera”.
También aseguró que, hasta ahora, la política aeronáutica argentina ha limitado el desarrollo de la industria aerocomercial, por lo que el Ejecutivo “se encuentra desarrollando un amplio programa de transformación” que apunta a aprovechar todas sus potencialidades.
En el decreto, el Gobierno de Milei destacó que en determinados momentos de la historia el Estado promovió la creación de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas con la finalidad de ofrecer bienes y servicios, “motivado por razones económicas, políticas y sociales”.
No obstante, señaló que ese proceso dejó como herencia “la excesiva estructura descentralizada”, que incluye a más de 60 entidades en las que el Estado tiene participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
Aerolíneas Argentinas, que se creó en 1949, fue privatizada en los años 90. Luego de casi dos décadas, el Estado argentino tuvo que recuperarla en 2008 debido a los malos manejos de la firma española Marsans, que la dejó al borde de la quiebra.
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