Desde convocar protestas hasta establecer mayor coordinación con la comunidad internacional pudieran ser alternativas para la oposición según publicación de Alessandro Di Stasio
Manifestantes sostienen carteles que dicen «Justicia» en Madrid el 9 de enero de 2025 durante una manifestación por la democracia en Venezuela y en apoyo del candidato de la oposición venezolana, Edmundo González, en vísperas de la toma de posesión presidencial de Venezuela. Foto: Thomas COEX / AFP
A primera hora del viernes 10 de enero, Nicolás Maduro tomó juramento para un nuevo periodo presidencial. Lo hizo a pesar de que las actas emitidas por las máquinas electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE) dieran vencedor de las elecciones del pasado 28 de julio a Edmundo González Urrutia.
Así, en medio de las denuncias verificadas de fraude electoral por parte de la oposición venezolana y la comunidad internacional, Venezuela se adentra en un nuevo episodio de conflictividad política con niveles más altos de represión gubernamental, según analistas consultados por El Nacional y datos registrados por la ONG Foro Penal.
Algunas consecuencias han venido inmediatamente después de la proclamación de Maduro como presidente. Un primer paso fueron las sanciones que Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido impusieron a funcionarios del gobierno venezolano involucrados en el fraude electoral del 28 de julio.
A ello se suma también el incremento, desde los 15 millones de dólares hasta los 25 millones de dólares, hecho por el gobierno de Joe Biden en los montos de recompensa por información que lleve a la detención de Maduro, y sus ministros de Interior y de Defensa, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, respectivamente.
De esta manera, el gobierno de Maduro se enfrenta a un gran problema: la mayoría de los venezolanos, y una proporción muy pequeña fuera de Venezuela, no lo considera un líder legítimo tras las elecciones presidenciales, que perdió de forma abrumadora.
Por esa razón, Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), asegura que la juramentación realizada por Maduro “no necesariamente lo consolida” en el poder.
“La realidad es que la juramentación de Maduro, además de producir la frustración de todos los venezolanos que querían ver juramentarse a Edmundo González, no le da más poder per sé. Es un acto simbólico que, de alguna manera, trata de abrir un nuevo ciclo, pero que no necesariamente consolida ese nuevo ciclo (de la represión)”, explicó Alarcón en conversación telefónica.
Edmundo González Urrutia habla en un encuentro con ciudadanos venezolanos residentes en Guatemala | Foto EFE
Un gobierno “menos estable y consolidado”
Negándose a respetar los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que fueron validados por expertos del Centro Carter, el gobierno de Maduro goza ahora de menos estabilidad que lo hace más dependiente de la fuerza y la represión.
“El escenario que se vislumbra es uno de conflictividad y de mucha presión contra el gobierno”, advierte Alarcón. Se refiere al aumento de la tensión que habrá tanto en Venezuela como a nivel internacional.
Su toma de posesión el 10 de enero, en un acto dentro del Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, apenas contó con la presencia de dos mandatarios de la región: Daniel Ortega, de Nicaragua, y Miguel Díaz-Canel, de Cuba.
En cambio, numerosas instituciones internacionales, entre ellos el Parlamento Europeo, y países como Estados Unidos y una decena de naciones latinoamericanas (Argentina, Guatemala, Perú, República Dominicana, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Paraguay y El Salvador) han reconocido a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela.
“Hay indicadores muy claros de que estamos en un gobierno menos estable y consolidado del que, por ejemplo, tuvo Hugo Chávez o inclusive del que tuvo el mismo Maduro al principio de su periodo (aunque allí también hubo cuestionamientos a su legitimidad). Ahora es un tema completamente distinto”, precisa el experto.
Esta situación abre paso al “círculo vicioso” de la represión. Éste, según Alarcón, es el que impulsa al gobierno a reprimir pero, a su vez, agranda la falta de legitimidad de las autoridades con cada represión gubernamental.
“En estos escenarios donde el gobierno no tiene legitimidad, y en donde básicamente necesita basarse en el uso de la fuerza para mantener la gobernabilidad, la oposición siempre tiene mayores incentivos para mantenerse como opositores. De alguna manera, tienen la expectativa de que el gobierno puede caer en cualquier momento y, obviamente, hay personas que quieren ser la alternativa a un gobierno que posiblemente caiga”, argumenta el experto.
Sin embargo, para intentar contrarrestar esos efectos, las autoridades han desatado una ola de persecución contra la oposición o cualquier persona que manifieste públicamente su descontento. Esto con la intención de desmovilizar a las filas opositoras y aumentar los costos de respaldar a su principal líder, María Corina Machado, y al presidente electo Edmundo González, de acuerdo con Gonzalo Himiob, director del Foro Penal.
En simultáneo, el gobierno de Maduro también ha aplicado otra forma de represión: la encarcelación de ciudadanos extranjeros (que ya alcanza la cifra de 125 personas, según el gobierno venezolano) para negociar con los gobiernos extranjeros que no son afines al chavismo.
“La idea de capturar a extranjeros es utilizarlos después para obligar a sus países de origen a aceptar condiciones en las negociaciones o comerciar con ellos. El Gobierno venezolano se está preparando para un escenario de alta confrontación en las próximas semanas y meses”, dijo Himiob al Wall Street Journal.
Oportunidades para la oposición
Alarcón cita estudios y ejemplos de teoría política para identificar potenciales ventanas de oportunidades para la oposición en medio de este escenario tan complejo. Así, detalla que los procesos de transición democrática ocurren cuando los niveles de presión son tan altos que para el gobierno resulte muy costoso permanecer en el poder y, en cambio, decidan negociar su salida.
“La oposición tiene que hacer lo que pueda, que no necesariamente es lo que quisiera, y normalmente lo que puede y debe hacer es generar una presión interna, que se genera a través de la protesta. En segundo lugar, como tarea complementaria, debe coordinar con la comunidad internacional para que también se mantengan ciertos niveles de presión externa”, explica el académico.
En este sentido, la comunidad internacional usualmente cuenta con dos vertientes de acción, según Alarcón: una inicial de presión diplomática y económica, y una secundaria en la que ejerce como mediadora y garante de acuerdos políticos.
No obstante, en medio de escenarios de tanta incertidumbre donde el gobierno ni siquiera cuenta con suficiente legitimidad, siempre existe la posibilidad de la caída sorpresiva, como la define Marcel Dirsus, autor del libro Cómo caen los tiranos y cómo sobreviven las naciones (How Tyrants Fall and How Nations Survive).
“A menudo, cuando se produce un cambio, es rápido. El régimen de Maduro puede parecer estable ahora, pero hay muchas posibilidades de que no esté en el poder ni siquiera la próxima semana, o el próximo mes, o tal vez el próximo año. La estabilidad dictatorial es a menudo un espejismo”, afirmó Dirsus a The Guardian.
De acuerdo con los resultados de la investigación de Dirsus, que data desde finales de la Segunda Guerra Mundial, 69% de los gobiernos dictatoriales han terminado con sus líderes exiliados, encarcelados o asesinados. A su vez, destaca que las campañas y protestas no violentas han resultado determinantes a la hora de lograr los cambios democráticos, con diez veces más posibilidades de éxito que los levantamientos violentos.
Como medidas para debilitar a los regímenes autoritarios, Dirsus recomienda a la comunidad internacional enfocarse en tres pilares fundamentales:
Detener o impedir los envíos de armas para que los gobiernos autoritarios tengan dificultades a la hora de reprimir a los manifestantes.
La imposición de sanciones económicas para limitar la capacidad de recompensar a sus aliados.
Dificultar el acceso de los líderes autoritarios a programas y equipos de vigilancia para impedir que puedan espiar a la oposición.
“Solamente a partir del momento en el que el gobierno piense que tiene serias dificultades para mantener el poder, que tiene bajas probabilidades de poder mantenerlo, es cuando más estará dispuesto a negociar su salida”, concluye Alarcón.
Lcda. Jaira Molano – Noti/Imágenes
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