Una investigación sin precedentes en la Corte Penal Internacional
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se ha apartado temporalmente de su cargo mientras se lleva a cabo una investigación externa por presunta conducta sexual inapropiada. El anuncio lo hizo su oficina el viernes 16 de mayo de 2025. El proceso que implica al fiscal Khan lo está liderando la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas (OIOS), que examina las acusaciones que se han hecho sobre supuesto abuso de poder, coerción sexual y represalias contra los empleados de la Corte que han denunciado su gestión. Al mismo tiempo el Fiscal enfrenta una serie de sanciones personales de Estados Unidos que ha restringido su trabajo y tiene efectos en las actividades de la CPI. Veamos qué significa todo esto y qué efectos tiene para Venezuela.
Las denuncias contra Karim Khan y su impacto institucional
Las denuncias contra Khan surgieron en 2024, cuando una asistente lo acusó de agresión sexual reiterada durante misiones oficiales y en la sede de la CPI en La Haya. Además, se ha alegado que Khan supuestamente intentó silenciar a la presunta víctima, advirtiéndole que sus acusaciones podrían perjudicar investigaciones sensibles, como la relacionada con Israel y Palestina. Esto se supo durante la última semana debido a los avances de la investigación en la OIOS.
Inicialmente, la investigación interna de la CPI no avanzó debido a la falta de una denuncia formal. Sin embargo, tanto la presión en medios como de las organizaciones de derechos humanos que trabajan con justicia penal internacional llevó a la Asamblea de Estados Partes (órgano legislativo y de supervisión de la CPI) a solicitar una investigación externa. Este hecho también sienta un precedente global porque significa que el mayor tribunal del planeta reconoce que por la importancia del caso y del acusado, la causa no debería trabajarse como un asunto interno, porque el propio entorno de la CPI pudiese no ser confiable para la parte acusadora. La institución debe dar el ejemplo, brindar garantías de debido proceso para todos y reducir lo más posible que haya conflictos de interés.
Coincidencias incómodas: Israel, Gaza y la reacción internacional
Por su parte, la decisión de Khan de solicitar órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ahora exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza, coincidió con la publicación de las denuncias en su contra, lo que alimentó sospechas sobre una posible maniobra distractora, aunque no hay evidencia concluyente.
La CPI enfrenta actualmente críticas por la posible «politización» de sus acciones, especialmente por parte de Estados Unidos e Israel, que no son miembros del tribunal. Ambos países han cuestionado la legitimidad de las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, y han impuesto sanciones a la CPI, lo que complica su labor y también su credibilidad.
Qué pasa ahora con la Fiscalía de la CPI y sus investigaciones
Durante la ausencia del Fiscal General, los fiscales adjuntos Mame Mandiaye Niang y Nazhat Shameem Khan asumirán la dirección de la Fiscalía. El anuncio está hecho. La CPI ha asegurado que sus investigaciones y casos abiertos, incluido el que se refiere a Israel y Hamas, continuarán sin interrupciones.
Sin embargo, esta doble situación, de un proceso por acoso sexual contra el Fiscal y las sanciones como represalia a la orden de captura contra Netanyahu, ha generado tensiones internas. Incluso ante distintas agencias informativas, personal de la CPI ha mostrado preocupación por la integridad institucional y la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas dentro de la misma. Algunas organizaciones de derechos humanos basadas en Estados Unidos tuvieron que dejar de trabajar con la Fiscalía, mientras varios empleados y contratistas de la Corte temen que también puedan ser objeto de congelamiento de cuentas u otros problemas.
El caso Venezuela ante la CPI: ¿avanza o se estanca?
El caso de Karim Khan plantea desafíos significativos para la Corte, tanto en términos de su credibilidad como de su capacidad para llevar a cabo investigaciones imparciales en un entorno geopolítico complejo. Pensemos que en paralelo también tiene una orden de captura contra Vladimir Putin por supuestos crímenes de guerra en Ucrania, en septiembre será la lectura de cargos en el caso del expresidente filipino, Rodrigo Dutarte, y se espera que con la situación de Venezuela se pueda pasar a tener casos concretos. Esta investigación se abrió a finales de 2021, fue retrasada por el Estado venezolano, luego apelada en 2023, y está fluyendo sin tropiezos desde marzo de 2024 según funcionarios de la Corte. Por lo tanto, la resolución de una investigación contra el fiscal Khan en un momento tan álgido, será clave para determinar el futuro liderazgo y la dirección del tribunal.
Tampoco hay que descartar que una parte de los ataques contra el Fiscal y la Corte provengan de aparatos de propaganda de los sospechosos de crímenes atroces contra la humanidad. Al final, todos estos procesos abiertos le resultan incómodos a quienes no desean rendir cuentas ante la justicia.
En este momento quedan a cargo los dos fiscales adjuntos, Niang (Senegal) y Khan (Fiji), personas con un alto perfil tanto en diplomacia como en sistemas de justicia. Al mismo tiempo cada situación y caso en la CPI tiene a un equipo de personas trabajando, con vicefiscales que llevan adelante su trabajo. Esa actividad se mantiene y esos equipos no han parado de trabajar. Sobre Venezuela, por ejemplo, siguen en la etapa de investigación, que significa sustanciar pruebas para establecer casos concretos que permitan señalar la responsabilidad individual de altos funcionarios venezolanos en posibles crímenes de lesa humanidad.
La situación de un fiscal que deja su cargo es inédita, pero el Estatuto de Roma, el instrumento que rige la actividades de la CPI, prevé mecanismos para no paralizar el trabajo. La duda, por supuesto, es si los fiscales están en disposición de librar nuevas órdenes de captura y seguir adelante con los temas más fuertes de su trabajo o si esperarán a que ocurra uno de los dos escenarios posibles: que Karim Khan vuelva a su cargo en algún momento o que la Asamblea de Estados Parte decida cambiarlo. Ambas significan tiempo y eso para las víctimas se puede contar en vidas, violaciones graves y migraciones. Por eso la Corte no se debería dar el lujo de retrasar ningún proceso, aunque en la práctica sea imposible fingir normalidad y seguir como si nada cuando se atraviesa una tormenta con mucha turbulencia.
Los riesgos reales de retrasar el trabajo provienen de tres frentes. El primero es que las decisiones estratégicas que son sensibles para las causas en marcha podrían depender del liderazgo de la Corte, y allí los líderes temporales tienen toda la potestad de decidir cómo quieren jugar su rol. No deberían responder a presiones externas, pero sí las hay. Lo segundo es que también existe presión interna y desconfianza del personal de la Corte porque como organismo están atravesando esta denuncia por abuso de poder y por represalias contra las críticas, además de las sanciones, que podrían afectar la moral de los equipos de trabajo y aumentar la incertidumbre laboral de quienes adelantan labores técnicas. Un tercer riesgo, asociado al primero, es que hay casos que pudiesen calificarse como “políticamente delicados”, como Venezuela, Sudán e Israel-Palestina, donde el margen de acción se puede reducir si existe el temor a que las decisiones que se tomen en adelante sean cuestionadas o incluso revertidas, si se percibe inestabilidad en la institución y sus líderes. Todo esto es tan solo una evaluación de riesgos externa. La propia CPI ha dicho que sigue adelante, así que lo ideal es que los Estados Parte también impulsen su fortalecimiento y estabilidad.
Sanciones de EE UU y riesgos de debilitamiento institucional
Ahora veamos los efectos de las sanciones individuales de Estados Unidos contra algunos funcionarios de la Corte. Estas medidas pueden bloquear activos personales de funcionarios o de empresas y organizaciones que cooperen con ellos. También limitan sus viajes y pueden significar problemas para acceder a sistemas financieros internacionales. Incluso se han bloqueado cuentas de correo electrónico y otros servicios digitales por estar basados en Estados Unidos. Según una agencia de noticias, el fiscal Khan y otros funcionarios tuvieron que migrar a correos ProtonMail por esa causa. Sanciones similares ya ocurrieron en 2020 contra la ex fiscal Fatou Bensouda, en la primera administración de Trump. El asunto es que en ese momento ya iba de salida (luego Biden retiró esas sanciones) mientras que ahora apenas está en su primer trimestre de gobierno.
Estas medidas de presión también tienen otros efectos, como deslegitimar a la Corte en su trabajo de impartir justicia internacional y disuadir a otros países para que dejen de cooperar con ella. Una muestra clara de esto fue cuando Hungría recibió a Netanyahu y no cumplió la orden de captura en su contra, o cuando otros países de Europa como Alemania y Francia anunciaron que revisarían su legislación para ver si debían cumplir o no con esa orden. Todo esto debilita a la justicia internacional, por eso decíamos que es un momento oscuro en el que se pierden certezas. De no cumplir órdenes de arresto se puede pasar a no entregar documentos para investigaciones, no apoyar financieramente a la CPI e incluso desmoronarla en un momento en el que es más necesaria que nunca.
Campañas de desprestigio y presión internacional contra la CPI
En paralelo, las campañas públicas contra la CPI tienen como objetivo socavar su reputación. Ya pasaba hace más de una década cuando distintos dictadores africanos y facilitadores de negocios extractivistas pagaban campañas rudas contra la Corte para decir que era colonialista, imperialista y antiafricana, porque llevaba adelante varios casos en ese continente. Se apelaba a la culpa europea para camuflar criminales. En este momento contra la Corte están activos Rusia, Estados Unidos, Israel, Venezuela, Irán, Cuba y otros países incómodos con las investigaciones. No es poca cosa. Es momento de recordar que el 26 de junio de 2023, el Consejo de la Unión Europea se comprometió a fortalecer y empoderar a la CPI. Lo hizo en el marco del 25 aniversario del Estatuto de Roma. Este es el año perfecto para que cumplan ese compromiso y hagan lo posible para proteger al organismo.
Lo peor que podría pasar es que se erosione la legitimidad internacional de la Corte en un momento en el que hay un movimiento telúrico en la política global y se necesita proteger víctimas, recolectar pruebas y ejecutar arrestos.
Un precedente ético: investigar a un fiscal y proteger el debido proceso
Ahora hablemos de las denuncias de abuso sexual. A pesar de todos los efectos que está generando este señalamiento contra Karim Khan, se puede ver como un hecho novedoso o interesante que un funcionario de tan alto nivel pueda ser investigado por esta causa y además se haga con garantías al debido proceso. El caso puede ser doloroso, indudablemente es complejo, pero puede marcar un precedente importante sobre los temas de abuso sexual porque suelen ser malas acciones que se esconden y perpetúan en otros organismos internacionales, gobiernos y casi en cualquier espacio de poder.
El debido proceso implica que la persona denunciante tiene derecho a un espacio donde su reclamo va a ser investigado con imparcialidad y sin conflictos de interés, porque nadie en el espacio de la OIOS de la ONU es subalterno o ex compañero de trabajo de Khan. Y al mismo tiempo el proceso le brindará al acusado su derecho a defenderse, a que se garantice la presunción de inocencia hasta que ocurra una sentencia y que se cumplan todos los protocolos. Sin saber aún lo que ocurrirá, imaginen el significado de esto como una cascada que puede enseñar a otras instituciones cómo hacer las cosas.
Estamos ante un precedente ético que indica que nadie está por encima de la justicia. Es coherente porque la CPI se creó para juzgar a los poderosos que abusan de su poder. También porque la decisión de no tolerar abusos puede fortalecer su legitimidad. Y esto al final es un mensaje: cuando se procesa a un fiscal en funciones, el sistema se aplica a sí mismo. Esto para las víctimas de violencia sexual puede significar muchísimo, porque la mayoría de las veces son revictimizadas o silenciadas por las estructuras de poder, desde una oficina de recursos humanos de una empresa hasta un tribunal ordinario. Este evento puede quebrar el patrón de impunidad en las altas esferas. O en caso de que se demuestre que se trata de una denuncia falsa o una jugada de quienes desean atacar a la Corte, el hecho de que la institución siga adelante y no se vea fracturada pueden enviar un mensaje de fortaleza. En todos los casos habrá aprendizajes.
El caso también es un llamado a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas institucionales, los protocolos de denuncias, la protección de los denunciantes, la prevención del acoso y la necesidad de investigaciones de calidad. De aquí saldrá un modelo a seguir. Al mismo tiempo varios organismos internacionales han reconocido en sus documentos e intenciones que los crímenes de género y los crímenes sexuales son importantes. Actuar frente a una denuncia de este tipo evita que se acuse de doble moral o doble rasero a los máximos expertos en impartir justicia.
Finalmente, no solo hay una centralidad en las víctimas, sino que además se protege y se fortalece el debido proceso. Que se investigue algo no implica culpabilidad automática de la persona señalada. El fiscal tiene derecho a defenderse. Por eso es importante que se garantice la verdad y también la reparación una vez se compruebe lo que haya ocurrido. Se lograría lo que queremos y pedimos en Venezuela y todas partes: justicia para las víctimas y garantías procesales para las personas acusadas. Ojalá ocurra sin retrasos.
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