En el informe presentado el 27 de junio por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, durante el Consejo de Derechos Humanos, se deja constancia de la arremetida en el mundo digital, que deja víctimas como la joven Merlys Oropeza, condenada a 10 años de prisión tras un comentario crítico en sus estados de WhatsApp contra una jefa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de su comunidad
La ONU ha denunciado la represión en Venezuela a través de redes sociales.
En Venezuela, la publicación de un estado en WhatsApp y en Facebook en contra de una simpatizante del chavismo llevó a la joven Merly Oropeza a la cárcel y a una condena de 10 años de prisión. El delito: ser opositora.
El Tribunal Tercero de Juicio de Maturín, estado Monagas, la condenó por supuestos delitos de “incitación al odio”. Oropeza fue detenida el 9 de agosto de 2024 tras criticar a una jefa de calle de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
«La justicia que hoy ellos no aplican les llegará, como llegará la Democracia y libertad”, escribió en su cuenta de X el exdiputado por el estado Monagas Juan Pablo García, que se encuentra en el exilio en España.
La vigilancia en Venezuela se extendió hasta el WhatsApp
Desde hace años el gobierno venezolano aplica persecución a la disidencia, no solo a los políticos y dirigentes opositores o de ONG, sino también a ciudadanos que opinen en redes sociales. Después de las elecciones del 28 de julio, la vigilancia se agravó y se extendió hasta el WhatsApp.
Justo en el informe presentado el 27 de junio por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, durante el Consejo de Derechos Humanos se deja constancia de la arremetida en el mundo digital, que deja víctimas como Merlys Oropeza.
“Tras las elecciones presidenciales, funcionarios, incluidos de las fuerzas de seguridad, difundieron videos, fotos y datos personales de personas detenidas en las redes sociales, incluso de adolescentes, exacerbando el temor entre la población general», dice el informe.
Las autoridades promovieron la utilización de una aplicación móvil específica para facilitar las denuncias de personas consideradas fascistas o terroristas por su presunta implicación en protestas.
Agentes de las fuerzas de seguridad llevaron a cabo operaciones de detención y registro en las que inspeccionaban arbitrariamente los teléfonos en busca de cualquier indicio de vínculos con la oposición o de presunta participación en protestas. Al parecer, esto dio lugar a extorsiones bajo amenaza de detención, así como a detenciones”, se lee en el informe.
Estados de WhatsApp llevan a penas de hasta 10 años de cárcel en Venezuela
“Tengo miedo por mi familia que está en Venezuela»
La Misión de la ONU también recordó que el 6 de agosto de 2024, Nicolás Maduro declaró que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones iniciaría una investigación sobre la circulación de mensajes de “odio” contra la presidencia y su partido en WhatsApp.
Tres días después, la joven Oropeza fue castigada por cuestionar a la representante chavista en su comunidad.
Durante ese período poselectoral, tal como indica la ONU, a través de la aplicación móvil VenApp, los chavistas se dedicaron a denunciar a sus vecinos opositores, dejando un saldo de cientos de venezolanos detenidos solo por oponerse al gobierno, el cual no pudo demostrar la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio.
“Tengo miedo por mi familia que está en Venezuela. Siempre le digo a mis padres que no escriban nada en WhatsApp o que no envíen cadenas a nadie, no sea que los metan presos”, dijo a EL TIEMPO una migrante que prefirió no revelar su identidad.
El Post del 28 de julio 2024
Después de las elecciones del 28 de julio, la vigilancia se agravó y se extendió hasta el WhatsApp. Foto: iStock
El miedo de esta migrante también se refleja en el día a día de los venezolanos. Entre vecinos reina la desconfianza por temor a alguna denuncia por motivos políticos.
El caso de Merlys no es el único. Lauriannys Cedeño, una adolescente de 17 años de edad, fue encarcelada el 14 de agosto por enviar un mensaje de WhatsApp en contra de los resultados de las elecciones. Al ser detenida sufrió un colapso nervioso que le causó daños cerebrales, por lo que debió ser recluida en el hospital Santos Dominicci, en Carúpano, ciudad donde vive con su familia.
Según el gobierno de Maduro, tras las elecciones fueron detenidas al menos 2.500 personas.
“Estas detenciones incluían mujeres, personas indígenas, adolescentes y personas con discapacidad”, detalló la ONU en su informe.
“Ya no me queda fuerza para seguir”, escribió Merlys en una carta enviada recientemente a sus padres, en la que pide perdón por involucrarlos en este proceso.
Usuarios en redes sociales mostraron capturas de pantalla de una supuesta celebración de la chavista criticada por Oropeza, al enterarse de la condena de 10 años para la joven.
La ONU en su informe pidió adoptar medidas para salvaguardar el espacio digital Foto: AFP
“La comunidad internacional tiene el deber de actuar inmediatamente para frenar esta barbarie. ¡Exijimos libertad para Merlys Oropeza y todos los presos políticos! La lucha por la justicia y la libertad sigue adelante”, reiteró el exdiputado García.
Entre las recomendaciones de la ONU en su informe figura adoptar medidas destinadas a salvaguardar el espacio digital, en particular con el fin de impedir el uso de la tecnología de Internet y las redes sociales “para intimidar, estigmatizar y perseguir a quienes se percibe como voces disidentes, garantizando al mismo tiempo el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información”.
Tomado de El Tiempo – Noti/Imágenes
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