Voceros sindicales advirtieron que los trabajadores venezolanos enfrentan la peor crisis salarial de la región, con ingresos que no superan el dólar mensual y que han pulverizado el poder adquisitivo frente a la inflación y la maxi devaluación.
Además del salario insuficiente, los gremios alertaron sobre el incumplimiento en el pago de jubilaciones y prestaciones sociales, lo que agrava la precariedad de los trabajadores y profundiza la crisis social en el país.
“El salario mínimo más bajo del mundo”
Chirinos denunció que en Venezuela “ha desaparecido el salario como elemento esencial de la relación laboral”, asegurando que hoy los trabajadores perciben menos de 1 dólar mensual, muy por debajo de lo que establece el artículo 91 de la Constitución, que consagra el derecho a un salario digno.
“Lo primordial en una relación de trabajo es la contraprestación de servicio. Hoy eso no existe. Lo que tenemos son bolsas de comida o beneficios discrecionales que, si el trabajador reclama, se los quitan”, señaló.
El dirigente también manifestó preocupación por la propuesta oficial de una constituyente sindical, que, a su juicio, “no cumple con las solemnidades legales” y podría convertirse en una excusa para criminalizar a dirigentes obreros.
“Defendemos la libertad sindical establecida en el artículo 95 de la Constitución. La autonomía de los sindicatos no puede estar sometida a imposiciones administrativas”, enfatizó.
Canasta básica inalcanzable
Por su parte, Sánchez detalló que un trabajador necesita más de 555 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria familiar, cuyo valor promedio supera los 550 dólares mensuales, según cálculos sindicales.
“Ni el bono de guerra ni los incrementos nominales en bolívares logran compensar la pérdida del poder adquisitivo. Estamos hablando de ingresos pulverizados por la inflación más alta del continente. El trabajador responde con claridad: ‘Tengo hambre, no me alcanza el salario, estoy enfermo’”, expresó.
El representante sindical recordó que la ley de alimentación no ha sido actualizada desde enero de 2024, a pesar de que debería revisarse periódicamente. “Hemos propuesto incluir el transporte en la cobertura, porque junto a la comida y la medicina son los sectores con mayor impacto inflacionario”, agregó.
Jubilaciones y prestaciones sociales en riesgo
La profesora Déborah Velásquez, presidenta de la Asociación de Profesores de la UCLA, advirtió que la crisis no solo golpea los salarios activos, sino también las jubilaciones y prestaciones sociales.
“En este momento tenemos 1.498 días sin ajuste salarial en el sector público, lo que debe alarmarnos. Además, cuando cesa la relación laboral, las prestaciones sociales llegan tarde y totalmente pulverizadas. Lo que el trabajador pudo haber comprado al momento de la liquidación, no es lo mismo que puede adquirir cuando finalmente recibe ese pago años después”, denunció.
Velásquez recordó que en el sector universitario los docentes no reciben prestaciones sociales desde 2014, una deuda que calificó como inadmisible. “Hoy una comisión en Caracas entrega documentos de reclamo en nombre de obreros, administrativos y docentes, porque la esperanza de cobrar lo justo se apaga cada día”, explicó.
La dirigente universitaria rechazó que exigir derechos se considere un delito. “Delito sería callarnos la boca, darle la espalda a los trabajadores. Nosotros tenemos una responsabilidad sagrada con la clase que representamos y debemos mantenernos activos dentro del marco de la Constitución y la democracia. La historia nos señalará si permanecemos indiferentes”, enfatizó.
Unidad sindical frente a la crisis
Los dirigentes coincidieron en que la solución no está en una constituyente, sino en el cumplimiento de la Constitución. “El Gobierno no necesita una asamblea de trabajadores para mejorar la calidad de vida, basta con acatar el artículo 91”, insistió Chirinos.
El pacto unitario de gremios y sindicatos aseguró que continuará introduciendo acciones legales y organizando movilizaciones en defensa del salario, las convenciones colectivas y la seguridad social. “Nos hemos unido para defender lo que por naturaleza nos corresponde: el derecho de los trabajadores a vivir con dignidad”, concluyó Sánchez.
Tomado de El Impulso.
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