Por Douglas Zabala
La historia republicana de Venezuela ha estado marcada por una constante confrontación política. Desde el caudillismo y las dictaduras, hasta las insurrecciones, golpes de Estado y guerrillas, el país ha transitado por ciclos de violencia en la disputa por el poder. Sin embargo, también ha existido una tradición paralela: la reconciliación mediante el diálogo, el perdón y la amnistía.
En 1812, el Primer Congreso republicano liberó al sacerdote Fray Pedro Hernández, condenado a muerte por los sucesos de Valencia, junto a más de cien prisioneros. Este gesto fundacional reflejó el espíritu conciliador que ha reaparecido en momentos clave.
En 1902, ante el bloqueo naval, el presidente Cipriano Castro decretó una amnistía general para los caudillos insurgentes. Incluso Juan Vicente Gómez, pese a su autoritarismo, otorgó indultos. A su muerte, Eleazar López Contreras liberó a los presos políticos.
Durante la lucha armada de los años 60, los gobiernos de Betancourt y Leoni enfrentaron con dureza a la insurgencia. Pero fue Rafael Caldera quien, reconociendo la necesidad de pacificación, otorgó amnistías que permitieron la reintegración de la izquierda al sistema democrático.
Tras el 4F de 1992, Caldera, en su segundo mandato, liberó a Hugo Chávez y sus compañeros. Años después, el propio Chávez promulgó una ley de amnistía para los eventos de abril de 2002.
Estos episodios demuestran que, tras cada conflicto, Venezuela ha recurrido a la amnistía y el indulto como vía para restaurar la paz. El perdón, cuando no hay delitos de lesa humanidad, ha sido una herramienta para la reconciliación.
Esta práctica no es solo una tradición; está respaldada por el Artículo 294 de la Constitución de 1999, que establece la amnistía como una competencia de la Asamblea Nacional para estos fines.
Hoy, el liderazgo del país enfrenta el reto de retomar esa tradición constitucional. Exigir la libertad de Enrique Márquez y demás presos políticos, también es la forma de honrar la historia y construir un futuro donde las diferencias se resuelvan sin imposición.
El Perdón Constitucional es el camino y hasta Petro lo está sugiriendo.
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