En Venezuela el Poder Judicial se ha convertido en el brazo represor del Estado
Un nuevo informe presentado este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pone en evidencia el colapso de la independencia de la justicia en Venezuela
La Misión de la ONU determinó que el sistema judicial venezolano no actúa con independencia, sino como pieza en la política de persecución| Foto Archivo
Un nuevo informe presentado este viernes 19 de septiembre por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU advirtió que jueces, fiscales y defensores públicos han avalado detenciones arbitrarias, negado recursos legales y actuado bajo presión política. Es decir, el sistema judicial venezolano no solo ignora las violaciones de derechos humanos por parte del Estado, sino que participa activamente en la represión.
Falta de independencia del sistema judicial venezolano
El documento presentado por la Misión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pone en evidencia el colapso de la independencia judicial en el país.
Jueces y fiscales actúan bajo presiones políticas directas del Ejecutivo, lo que convierte a los tribunales en “una herramienta al servicio de la represión”. Esta subordinación, de acuerdo con la Misión de la ONU, impide procesar denuncias de abusos y garantiza impunidad a los responsables de violaciones graves de derechos humanos.
Estas prácticas forman parte de un patrón de persecución política que constituye crímenes de lesa humanidad, al sostenerse en un aparato judicial que legitima detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, determinó el informe.
Ineficiencia del habeas corpus en Venezuela
Uno de los puntos centrales del informe es la ineficacia del habeas corpus en Venezuela. La Misión documentó varios casos en los que los tribunales rechazaron o demoraron arbitrariamente estos recursos, despojando a los detenidos de su derecho a cuestionar la legalidad de su privación de libertad.
Un ejemplo citado es el del abogado y activista Eduardo Torres, cuyo recurso fue inicialmente rechazado por una jueza de Caracas en mayo de 2025. Aunque posteriormente fue admitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, nunca se emitió resolución alguna, prolongando su detención sin fundamento legal
Otros casos, como los de Lucas Hunter y Juan Pablo Guanipa, confirman que los tribunales venezolanos niegan sistemáticamente el acceso a un recurso efectivo. Para la Misión ONU, esto demuestra que el habeas corpus “no constituye una protección real” en el país.
Audiencias secretas y abogados impuestos
La Misión de la ONU también denunció la práctica de celebrar audiencias nocturnas, telemáticas y sin notificación a la defensa o familiares, muchas veces dentro de los mismos centros de detención y no en estrados judiciales.
En los casos documentados por los expertos, los acusados no tuvieron oportunidad de comunicarse con sus defensores. En numerosos ocasiones, se les impuso representación de defensores públicos, a quienes además se les instruyó no actuar en favor de sus defendidos. Esto dejó a las víctimas en un grave estado de indefensión frente a fiscales y jueces.
Un caso reseñado en el informe fue el de Nélida Sánchez, detenida en El Helicoide, a quien se le negó la posibilidad de designar abogados privados porque “no estaba permitido el ingreso ni la salida de documentos” del centro de reclusión
Complicidad del sistema judicial venezolano en desapariciones y muertes
El informe destaca que la complicidad del sistema judicial venezolano no se limita a las detenciones. La ONU documentó casos de desapariciones forzadas y muertes bajo custodia del Estado en los que las autoridades judiciales se negaron a investigar.
La Misión señala que familiares de desaparecidos vieron rechazadas sus denuncias por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, instituciones que omitieron actuar incluso cuando existían pruebas de la participación de cuerpos de seguridad.
En Carora, estado Lara, la muerte de Walter Páez durante una protesta fue atribuida inicialmente a opositores. Sin embargo, investigaciones internas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas apuntaban al disparo de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela desde su sede local. La Misión denunció que las autoridades judiciales recibieron presiones para fabricar versiones que inculparan a disidentes políticos.
El informe identifica a varios jueces que, de manera sistemática, han avalado violaciones de derechos humanos en procesos vinculados a delitos de terrorismo. Entre ellos menciona a Carlos Enrique Liendo Acosta, Keidimar Ramos Castillo, Joel Abraham Monjes, Franklin Mejías Caldera, Ángel Betancourt y Edward Miguel Briceño Cisneros.
Estos magistrados han decretado juicios colectivos sin individualizar responsabilidades, han autorizado audiencias sin publicidad y han confirmado detenciones sin garantías procesales, según la ONU.
Poder Judicial como brazo represor del Estado
La Misión de la ONU concluyó en su informe que el sistema judicial venezolano no actúa con independencia, sino como pieza clave en la política de persecución contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos críticos del gobierno.
“La actuación arbitraria del Estado no se limita al arresto por parte de cuerpos de seguridad, sino que es ordenada, avalada y perpetuada por el aparato judicial”, señaló.
El documento reiteró que este engranaje represivo, en el que participan jueces, fiscales y defensores públicos, constituye un crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, al negar justicia y protección a las víctimas.
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Abog. Lcdo. Ray Rondón CNP 13723. – Noti/Imágenes
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