La normativa modificada por el gobierno eliminó el aviso previo de 30 días y permitió enviar sanciones por correo ordinario, además de acelerar los plazos para recurrirlas. Los abogados alegan que estas multas se aplican incluso a personas que cumplen con supervisiones del ICE o buscan alivios migratorios legales
Una coalición de fiscales generales demócratas, liderados por Nueva York, presentó este viernes un documento en un tribunal federal de Washington para apoyar a este estado en su intento de frenar los arrestos de inmigrantes en los tribunales del país sin orden de un juez.
«Con cada arresto en los tribunales estatales y sus alrededores, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) continúa poniendo en peligro nuestras comunidades y nuestra seguridad pública», indicó en un comunicado conjunto la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
La acción legal fue presentada en contra del Departamento de Seguridad Nacional, de ICE y de la Patrulla Fronteriza. De acuerdo con James, estos arrestos no solo tienen un efecto negativo en las comunidades inmigrantes, sino que obstaculizan que los tribunales funcionen «apropiadamente y evitan que la justicia prevalezca».
El pasado mes, la Fiscalía general de Washington presentó una demanda con la que busca poner fin a los arrestos dentro y fuera de los tribunales alegando que la política del Gobierno federal viola la Ley de Procedimiento Administrativo y el derecho de acceso a los tribunales, protegidos por la Constitución.
Washington presentó una moción de una orden judicial preliminar para detener de inmediato las políticas de la Administración del presidente Donald Trump y hoy obtuvo el apoyo de los fiscales generales de Nueva York, Connecticut, Illinois, Maryland, Massachusetts y Minnesota. También de Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y el Districto de Columbia.
La coalición argumentó al tribunal, en su apoyo a la demanda de Washington, que la práctica del Gobierno federal de realizar estos arrestos «es profundamente perjudicial» para el funcionamiento efectivo de los sistemas judiciales de estos estados. De acuerdo con el documento, los estados que integran la coalición tienen gran interés en proteger su prerrogativa de proveer acceso a la justicia para sus residentes y asegurar la operación ordenada del sistema de cortes
«Un sistema de cortes efectivo es un aspecto fundamental de la soberanía del estado, en el que es esencial asegurar que los crímenes sean procesados, que las víctimas reciban ayuda y que se haga justicia», afirman los fiscales. Indican además que en 2017 los demandados pusieron en marcha una política que amenaza estos intereses (de los estados) autorizando a los agentes federales de inmigración a realizar arrestos en y alrededor de las cortes. Como resultado, aseguran, los arrestos se han disparado y han interrumpido el funcionamiento de las cortes.
La coalición advirtió al tribunal en el documento legal de que los arrestos y su «efecto aterrador» han hecho que testigos no comparezcan al tribunal, las víctimas tengan miedo de pedir ayuda o cooperar con la Fiscalía y la Policía, y los fiscales no puedan obtener justicia para los residentes a los que sirven.
El pasado septiembre, James y el fiscal del condado de Brooklyn, Eric González, demandaron al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) por arrestar tanto indocumentados como residentes legales en tribunales de Nueva York, acción que alegaron «es inconstitucional» y afecta la seguridad pública.
Una coalición de abogados presentó este jueves una demanda colectiva por abuso de poder contra la administración del presidente Donald Trump por imponer multas civiles a inmigrantes indocumentados, de hasta 1,8 millones de dólares, para presionarlos a que salgan de EE UU, pidiendo que sean declaradas inconstitucionales.
La demanda fue presentada en el tribunal federal para el Distrito de Massachusetts contra el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Justicia, a nombre de dos inmigrantes -María L. de Massachusetts y Nancy M. de Florida- que enfrentan multas de 1,8 millones de dólares.
No obstante, este caso pretende representar a más de 21.500 personas a las que se les han impuesto estas multas desde enero de 2025, que ya suman más de 6.000 millones de dólares, de acuerdo con el comunicado conjunto de las organizaciones.
Multas
Cuando Trump retornó a la Casa Blanca en enero pasado, la regulación establecía que se debía avisar con 30 días de antelación a los migrantes antes de emitir la sanción. La regla fue cambiada en junio para eliminar ese periodo de tiempo y autorizó a los agentes de inmigración a enviar las multas por correo ordinario, acortando además el proceso para recurrir la sanción.
La reglamentación, que fija multas de hasta 998 dólares por día, se impone a quienes entraron al país ilegalmente; a los que ignoraron órdenes para dejar el país o demoraron su salida y a los que no cumplen con los acuerdos judiciales para su salida voluntaria.
De acuerdo con la demanda, estas multas se han impuesto incluso a personas que solicitan legalmente algún tipo de alivio migratorio, como el ajuste de estatus, que cumplen con las órdenes de supervisión del ICE o que no pueden regresar de forma segura a su país de origen.
La demanda busca anular la nueva norma de multas civiles, declarar las sanciones ilegales e inconstitucionales y prohibir permanentemente al Gobierno imponerlas o cobrarlas, destaca el comunicado.
Asimismo, señala al tribunal que el sistema de sanciones viola múltiples protecciones constitucionales y legales: la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda «porque el gobierno impone multas sin previo aviso, sin pruebas y sin ninguna oportunidad real de impugnarlas».
También viola la cláusula de multas excesivas de la Octava Enmienda «porque las sanciones que alcanzan casi los 2 millones de dólares son manifiestamente desproporcionadas y financieramente ruinosas» y el derecho a un juicio por jurado, según la Séptima Enmienda, «porque el gobierno impone sanciones monetarias mediante procedimientos internos de las agencias en lugar de ante un tribunal», de acuerdo con el comunicado.
La demanda alega además que la norma viola la Ley de Procedimiento Administrativo porque se emitió sin el proceso de notificación y comentarios requerido, la que consideran «arbitraria y caprichosa».
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