«Hace un año discutíamos integración plena; hoy hablamos de cómo garantizar acceso a necesidades básicas. Hay un retroceso evidente», manifestó Nastassja Rojas, directora adjunta de la organización para Venezuela.
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A pesar de que Colombia acoge a más de 2,8 millones de venezolanos, la protección internacional «sigue sin ser adecuadamente reconocida». Foto: AFP
La violencia, la xenofobia institucional y el cierre de vías de regularización han agravado la situación de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos en Colombia durante el último año, advirtió Nastassja Rojas, directora adjunta de Amnistía Internacional (AI) para Venezuela, en entrevista con Efe.
Rojas señaló que el panorama ha empeorado debido a la persistente xenofobia, los ataques contra defensores de derechos humanos y los retrasos de hasta siete años en la tramitación de solicitudes de refugio.
La preocupación por la seguridad quedó crudamente de manifiesto en octubre, cuando se registró un atentado en Bogotá contra los activistas de Amnistía Internacional Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche. Ambos son refugiados en Colombia tras denunciar persecución política en Venezuela.
En el ataque, en el que los activistas recibieron catorce disparos, «se confirmó la vulnerabilidad extrema de quienes huyen y no encuentran protección adecuada al cruzar la frontera», señaló Rojas.
Aunque el suceso generó un fuerte revuelo mediático, la directora de AI advirtió que «el riesgo no desaparece cuando bajan las cámaras». Además, alertó de un incremento de perfiles altamente perseguidos -defensores de derechos humanos, activistas, sindicalistas y periodistas- que han llegado a Colombia tras las elecciones venezolanas de 2024.
Discriminación institucional y cierre de alternativas
A pesar de que Colombia acoge a más de 2,8 millones de venezolanos, la protección internacional «sigue sin ser adecuadamente reconocida», afirmó Rojas. La defensora destacó una «discriminación doble»: la xenofobia persistente a nivel social y la discriminación que emana de las propias instituciones.
«Lo que más nos preocupa es que en el último año esas expresiones de xenofobia y discriminación ahora están viniendo desde los gobiernos», criticó Rojas, recordando que las tensiones generadas por la primera oleada migratoria en 2015 «aún no se superan».
Tras el cierre del Registro Único para Migrantes Venezolanos (RUMV) en noviembre de 2023, las alternativas para la permanencia regular son «escasas o prácticamente inexistentes», lamentó la representante de la organización Amnistía Internacional.
La nueva visa especial para migrantes venezolanos exige requisitos -como pasaporte vigente, antecedentes penales apostillados o soportes laborales- que muchos perseguidos «no pueden cumplir». A esto se suma la crisis del sistema de refugio, con 29.500 solicitudes pendientes y demoras de años, lo que mantiene a miles de personas en un limbo sin posibilidades reales de integración.
«Hace un año discutíamos integración plena; hoy hablamos de cómo garantizar acceso a necesidades básicas. Hay un retroceso evidente», concluyó Rojas.
Noti/Imágenes
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