Abog. Gustavo Duque Largo
La crisis venezolana ha dejado de ser una tragedia local para convertirse en una de las mayores catástrofes humanitarias y de desplazamiento en la historia reciente de América Latina. Detrás de las frías estadísticas que hablan de más de siete millones de personas desplazadas, se esconde un drama profundamente humano, una diáspora forzada cuyos derechos fundamentales han sido sistemáticamente vulnerados, con el régimen de Nicolás Maduro como principal responsable.
No se puede analizar este éxodo sin señalar la raíz del problema: una gestión gubernamental caracterizada por la corrupción, la hiperinflación, el colapso de los servicios básicos y una férrea represión política. Esta mala administración no es un error de cálculo; es el resultado de políticas deliberadas que han priorizado la perpetuación en el poder sobre el bienestar de los ciudadanos. El derecho humano más básico, el de tener una vida digna en la propia tierra, ha sido pisoteado, obligando a millones a emprender un viaje incierto en busca de supervivencia.
El primer derecho vulnerado es, precisamente, el derecho a no tener que migrar. Nadie abandona su hogar, su familia y su historia por capricho. Lo hace cuando la alternativa es el hambre, la enfermedad o la desesperanza. Los venezolanos han sido forzados a elegir entre la lealtad a su patria y la posibilidad de dar de comer a sus hijos. Este es un destierro económico y social orquestado desde el poder.
Una vez emprendido el camino, la cadena de violaciones a los derechos humanos se extiende. Durante su travesía, muchos enfrentan derecho a la vida y a la seguridad personal. Rutas peligrosas los exponen a la explotación, la trata de personas, la violencia y la discriminación. Familias enteras caminan miles de kilómetros, expuestas a los elementos y a la indefensión, un testimonio vivo de la falla del Estado venezolano en proteger a sus ciudadanos.
Al llegar a los países de acogida, aunque encuentran un respiro, se topan con nuevos desafíos para sus derechos a la salud, al trabajo y a una nacionalidad. A menudo, se enfrentan a la xenofobia, a la dificultad para regularizar su estatus migratorio y para convalidar títulos profesionales. El acceso a sistemas de salud y a empleos dignos se convierte en una lucha cuesta arriba. El derecho a la identidad, negado por un Estado que ha fracasado en proveer documentos básicos, los convierte en apátridas funcionales.
La comunidad internacional ha respondido, en gran medida, con una solidaridad ejemplar, especialmente de países vecinos como Colombia, Perú y Chile. Sin embargo, la carga es desproporcionada y la ayuda, insuficiente. Es imperativo que la respuesta se centre en tres pilares:
1. Presión Internacional Sostenida: La comunidad debe intensificar la presión diplomática y económica sobre el régimen de Maduro para exigir un cambio político y la salida de este personaje y su grupo que permita condiciones dignas para el retorno seguro y voluntario de los venezolanos.
2. Protección Integral en los Países de Acogida: Es crucial fortalecer los sistemas de asilo y protección temporal, garantizando el acceso a derechos fundamentales y promoviendo la integración socioeconómica para evitar la marginalización.
3. No se de olvidar la responsabilidad Primaria: No debemos normalizar este éxodo como un fenómeno meramente migratorio. Es un flujo de refugiados y migrantes forzados por un Estado fallido. La responsabilidad última recae en el gobierno venezolano, que debe ser rendido cuentas ante instancias internacionales de justicia.
Los venezolanos desplazados no son solo una cifra. Son médicos, ingenieros, estudiantes y madres que cargan con el peso de un país fracturado. Su dignidad, su derecho a soñar y a prosperar, les fue arrebatado. Defender sus derechos humanos no es solo una cuestión de caridad; es un imperativo moral y una exigencia de justicia. La historia juzgará no solo a los responsables de esta crisis, sino también a aquellos que, pudiendo hacer algo, optaron por la indiferencia.
El camino es dificil pero debe ser transitado con firmeza y un profundo arraigo por los valores desmejorados desde la llegado del befasto régimen que hoy usurpa el poder en Venezuela.
Gustavo Duque Largo
Abogado, Máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia.
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