«La ansiedad nos está consumiendo. Que el mundo lo sepa»: MP se niega a recibir a familias de presos políticos
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que al menos 200 personas están en desaparición forzada. Familiares exigieron ante el Ministerio Público que se materialicen libertades plenas y claridad en el proceso de excarcelación
Ansiedad
Ansiedad. Esa es la palabra que mayormente repiten las madres, padres, esposas o hermanos de presos políticos en los últimos días. El anuncio de un proceso de excarcelación el pasado 8 de enero no ha cubierto ni la mitad de los detenidos por razones políticas en el país. El reclamo fue llevado directamente por familiares a la sede principal del Ministerio Público en Caracas, pero su director de Derechos Humanos, tras dos horas de espera, se negó a recibirlos.
«Pido a las autoridades que nos digan la verdad, dicen que han salido 400 excarcelados y eso es falso», reclamó Massiel Cordones, madre del teniente José Ángel Barreno, recluido en la cárcel del Rodeo I, en el estado Miranda.
Cordones exigió al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que dé la cara a los familiares y se materialicen libertades plenas e inmediatas, en lugar de las liberaciones bajo cautelares anunciadas. Ella se ha mantenido a las afueras del Rodeo desde el jueves 8, en espera de las medidas. «De ahí no han salido la cantidad de personas que ellos dicen», afirmó.
Un grupo de más de 50 familiares, junto a integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, entregaron un documento al Ministerio Público para exigir información sobre las 200 personas en desaparición forzada actualmente en el país, además de solicitar al fiscal general Tarek William Saab que actúe y dé celeridad al proceso de excarcelaciones.
Sin embargo, ni el director de Derechos Humanos u otro funcionario del organismo salió a recibirlos. «Las víctimas no demandamos venganza, demandamos derechos, demandamos justicia y la justicia hoy es la libertad plena e incondicional de todos los presos políticos», expresó Diego Casanova a nombre del Comité, al tiempo que hizo un llamado a los familiares y sociedad civil a permanecer en vigilia frente a los centros de reclusión.
Entre esa cifra de personas en desaparición forzada se encuentra el sargento segundo Jonathan Franco. Su madre, Francis Quiñones, denunció que tiene cinco meses y 18 días presionando por respuestas en varias cárceles y organismos del Estado, pero solo recibe silencio.
Franco es uno de los condenados por la operación Gedeón (2020). Se encontraba recluido en el Sebin Helicoide cuando fue sacado del lugar junto a otros compañeros de causa. A los familiares se les ha dicho que están en el fuerte Guaicaipuro, ubicado en Charallave (estado Miranda), pero los custodios solo les indican que deben «esperar una llamada» para poder verlos y entregarles comida, medicinas o insumos personales.
«Son 32 gedeones que están desaparecidos. Yo quiero saber en qué parte de la Constitución nacional, en qué parte del Código Orgánico Procesal Penal se le prohíbe a una persona que esté privada de su libertad a no tener contacto con su familia, a no recibir visitas, a no recibir medicamentos. No sabemos si están vivos o muertos… Yo hago responsable al gobierno», sentenció Quiñones.
En una situación similar están los familiares de 16 militares con pena cumplida y que fueron sacados de la cárcel de Ramo Verde (Los Teques) a principios de noviembre de 2025.
A los militares, condenados por distintas causas, se les dijo que iban a ser llevados a tribunales para recibir su boleta de excarcelación. Xiomara Requena, madre del teniente de fragata Edgar Suárez Requena, señaló que ha ido «a todos los recintos del área metropolitana y sus alrededores y en ninguno nos han dado respuesta alguna. Solamente nos dicen que puede ser que estén en Charallave».
Requena se ha trasladado a ese lugar en varias ocasiones junto a otros familiares, pero «nos han amenazado, nos han tirado los perros. Nos han dicho que no se encuentran ahí, que no nos pueden dar algún tipo de información. Somos madres desesperadas por nuestros hijos, no sabemos si de verdad están vivos. Hemos pedido fe de vida y no nos la han dado».
Aunque no tiene a su hijo desaparecido, Bárbara Bracho es una de las madres que espera por una llamada que anuncie excarcelación. «La ansiedad nos está consumiendo, queremos que esto se acabe ya», dijo frente al Ministerio Público.
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Su hijo Alberto José Bracho, condenado a 30 años de prisión por el intento de «magnicidio» contra Nicolás Maduro en 2018, se encuentra preso en la cárcel de Yare II. Comentó que en la última visita permitida lo vio «ansioso», preocupado por el proceso de excarcelaciones.
A ella también la preocupa las condiciones de reclusión que enfrenta Alberto, quien ya sufrió de paludismo mientras estuvo recluido en la cárcel de El Dorado hace dos años. Hace poco, en una de las celdas un detenido dio positivo a tuberculosis, una enfermedad de fácil transmisión.
Andreina Rodríguez, quien permanece detenida en el Sebin Helicoide, también le dice a sus familiares que se encuentra bien. «Le entregan su comida, todo, pero el pasado domingo nos dijeron que estaba ansiosa, muy ansiosa. Esta situación la tiene así», señaló su madre, Mireya Rodríguez.
La contadora de 40 años fue detenida arbitrariamente el 11 de enero de 2025 en Carúpano, estado Sucre, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Apenas unos días antes, el «influencer» argentino Diego Omar Suárez, conocido en redes sociales como «Michelo», la abordó y grabó en Sabana Grande (Caracas) junto a otras personas.
El argentino, en un vídeo editado donde se habla de Nicolás Maduro, la acusa de tratar de golpearlo. «Yo no te quiero pegar, no te estoy insultando», dice Rodríguez en el material audiovisual.
Andreina Rodríguez presos políticos La acusación bastó para que fuese presentada en tribunales y señalada por Fiscalía de presunto terrorismo, incitación la odio y traición a la patria. Su madre, Mireya Rodríguez, denunció que «ellos quieren que ella asuma los cargos, pero se ha negado…No se le ha hecho preliminar, el defensor público no nos dice nada y dejamos de ir porque nunca tiene respuestas».
Mireya comentó que su hija no solo es una «buena muchacha, tranquila», sino sostén de su hogar y ayuda económicamente a una tía. «Eso nos ha cambiado la vida».
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