El proceso judicial contra el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores sumó un nuevo capítulo este jueves en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Durante una tensa segunda audiencia, el juez federal Alvin Hellerstein rechazó la solicitud de la defensa para desestimar los cargos ante los reclamos por la incapacidad del exmandatario de pagar sus honorarios. “No voy a desestimar el caso”, aseguró el juez Hellerstein.
Con esta resolución, el magistrado confirmó que el proceso por narcoterrorismo, corrupción y posesión de armas de guerra seguirá adelante y desestimó los argumentos legales que buscaban anular la causa.
Uno de los puntos más debatidos durante la sesión fue la situación financiera de los acusados para costear su representación legal. Los abogados defensores manifestaron ante el tribunal que, debido a las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos, no es posible utilizar fondos del Estado venezolano, mientras que Maduro y Flores sostienen carecer de recursos personales suficientes para cubrir los honorarios.
Ante esta encrucijada, el juez Hellerstein cerró la jornada sin emitir una decisión definitiva sobre cómo se financiará la defensa y dejó este aspecto administrativo en fase de evaluación.
El juez subrayó que el derecho a un abogado de elección es primordial. Sugirió que se debería permitir el uso de fondos del Estado venezolano para costear la defensa legal. Descartó las preocupaciones de seguridad nacional y dijo que, al estar los acusados bajo custodia de EEUU, dicho riesgo ya no es un factor relevante.
La Fiscalía argumentó que el tribunal carece de autoridad para obligar al Departamento del Tesoro a emitir las licencias especiales necesarias para procesar los pagos a los abogados. Sostuvo una postura crítica y señaló que Maduro y Flores ya han dispuesto de la riqueza nacional para su beneficio personal y calificó que ambos habían «saqueado» al país.
En un gesto cargado de simbolismo jurídico, el tribunal también ratificó una orden específica que prohíbe el uso de títulos oficiales dentro de la sala de audiencias. Bajo esta premisa, ni Maduro ni Flores podrán ser llamados «Presidente» o «Primera Dama» durante el desarrollo del litigio, siendo tratados estrictamente como ciudadanos bajo proceso penal.
El juzgado, además, decretó la reserva del material probatorio de los Estados Unidos ante terceros, como medida de protección para los testigos de cargo. En paralelo, y ante el carácter de urgencia de la defensa, se ordenó un examen médico exhaustivo para Cilia Flores con el fin de monitorear su salud cardiovascular tras los síntomas presentados en detención.
La audiencia concluyó sin que se fijara una fecha específica para el inicio del juicio oral o para la próxima comparecencia. La corte mantuvo a ambos detenidos bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
Mientras tanto, en las afueras de la corte, un grupo de venezolanos se concentró para seguir de cerca los pormenores del caso, que se origina tras la captura de la pareja el pasado 3 de enero en Caracas durante una operación militar de gran escala.
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