El sadismo y las torturas contra los privados de libertad parecen obedecer a «un mismo patrón en todos los centros carcelarios dependientes del ministerio respectivos y los diferentes calabozos de los organismos policiales»
La CIDH exigió al Estado venezolano que adopte «medidas urgentes y efectivas» para prevenir y erradicar las torturas contra privados de libertad, tras el motín en la cárcel de Barinas. La Comisión reiteró nuevamente su solicitud para visitar Venezuela y evaluar la situación de derechos humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles las torturas y malos tratos denunciados por los reclusos durante una toma del Internado Judicial de Barinas el pasado 24 de mayo, y exhortó al Estado venezolano a adoptar «medidas efectivas para prevenir y erradicar estas prácticas».
Tras una requisa «violenta», los reclusos denunciaron «golpizas, baños de agua helada con corrientes, requisas violentas y rotura de pertenencias», así como maltratos a sus familiares durante las visitas. «Incluso, durante el motín, el director habría ordenado el disparo de perdigones y bombas lacrimógenas contra la población penitenciaria, dejando al menos una persona herida», denunció la CIDH en el comunicado.
«A estas violaciones a sus derechos, se sumarían a las deplorables condiciones de detención en el centro, que se caracterizarían principalmente por el hacinamiento de casi 200%, escasez de agua potable, deficiente suministro de alimento, y falta de atención médica», detalló la Comisión.
Luego del motín, se ordenó la destitución del director del Injuba, Elvis Macuare Guerrero, y se anunció una investigación por parte del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, hasta la fecha no hay anuncios públicos sobre el resultado de estas investigaciones.
Además, se trasladaron a decenas de presos a otros lugares aunque no hay información oficial. La CIDH recibió denuncias de la sociedad civil de que estos traslados no fueron voluntarios, «y estarían dirigiéndose a otros centros donde también existe superpoblación».
La CIDH reiteró que toda persona privada de libertad tiene derecho «a recibir un trato humano, con irrestricto respeto a su dignidad inherente y a sus derechos fundamentales, en especial, a la vida e integridad personal», así como sus familiares.
«La tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios internacionales consagrados en distintos instrumentos regionales e internacionales en la materia, con lo cual se encuentran absolutamente prohibidos», expresó la CIDH, que recordó que los Estados están obligados a prevenir, juzgar y sancionar estos actos sobre la base de tratados internacionales.
La CIDH exigió al Estado venezolano que adopte «medidas urgentes y efectivas» para prevenir y erradicar las prácticas de malos tratos y torturas contra privados de libertad. Asimismo, exhortó a implementar acciones para garantizar condiciones de encarcelamiento respetuosas de los derechos humanos.
Por último, la Comisión reiteró su «firme e inquebrantable disposición» de realizar una visita al país, a fin de observar la situación de derechos humanos en el terreno.
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