La orden entrará en vigencia en próximo mes de julio.
«Los agentes del orden que usan mascarillas en las calles estadounidenses socavan las expectativas básicas de rendición de cuentas, siembran miedo y confusión, y erosionan la confianza pública», manifestó la demócrata Abigail Spanberger. El uso de máscaras no es para protección de funcionarios ya que todas las profesiones tienen sus riesgos.
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda en contra del gobierno de Virginia luego de que les prohibió a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) portar máscaras durante sus operativos de detención de extranjeros carentes de estatus legal que realizan.
Desde el 17 de enero, cuando Abigail Spanberger asumió la responsabilidad de gobernador a Virginia, una de las prioridades en su agenda consistió en establecer mecanismos de protección para los inmigrantes asentados en la entidad que enfrentan el riesgo de ser detenidos por ICE con el objetivo de deportarlos a sus naciones de origen.
Entre las nuevas leyes que promulgó relacionadas con los agentes federales estableció requisitos de identificación y restricciones a la cooperación con las agencias policiales locales y estatales en operaciones de inmigración.
«Los agentes del orden que usan mascarillas en las calles estadounidenses socavan las expectativas básicas de rendición de cuentas, siembran miedo y confusión, y erosionan la confianza pública», manifestó a través de un comunicado la demócrata de 46 años.
Por ello, a partir de julio entrarán en vigor las leyes SB 352 y SB 783.
En respuesta, el DOJ argumenta en su querella formulada que la prohibición del uso de mascarillas y los requisitos de identificación violan la Cláusula de Supremacía de la Constitución, a través de la cual se les otorga a las fuerzas del orden federales autoridad sobre las agencias estatales y locales.
«El proyecto de ley SB 352 ignora de forma temeraria la seguridad de los agentes, la seguridad pública y las necesidades operativas federales», indica parte del documento.
Con respecto al proyecto SB 783, ley relativa a las asociaciones entre socios federales, estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley, el DOJ señala que viola la Cláusula de Contratos de la Constitución, así como la Cláusula de Supremacía.
«Invalida contratos válidos y existentes, y pretende imponer condiciones onerosas e ilegales a los agentes federales que operan en Virginia, condiciones que Estados Unidos no puede aceptar porque entran en conflicto con la ley federal y ponen en riesgo la seguridad de los agentes», enfatiza la demanda.
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