El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó la medida una vez más en su cuenta de la red social X
El diario La Voz cumple 60 años mientras permanece cerrado por orden del Gobierno chavista
Diario La Voz ha sido un periódico que se consolidó como un espacio al servicio de la sociedad | Archivo
El diario La Voz, fundado el 4 de julio de 1966, celebró este sábado sus 60 años de fundación con las puertas cerradas por una medida de clausura ejecutada por el Gobierno venezolano en octubre de 2024, que ha dejado a más de 50 trabajadores sin sueldo e impide la circulación del medio en Miranda, La Guaira y la zona metropolitana de Caracas.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó la medida una vez más en su cuenta de la red social X.
«El SNTP reitera que el cierre de un medio de comunicación vulnera el derecho de la ciudadanía a recibir información y debilita el pluralismo informativo. Exigimos el cese de las medidas que impiden el funcionamiento de diario La Voz y garantías para que pueda retomar plenamente su labor periodística», exhortó el gremio.
El cierre fue ordenado utilizando al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) como «instrumento de retaliación política» —se afirma desde el medio—, tras la publicación de informaciones sobre la campaña electoral presidencial de 2024 y los cuestionamientos que surgieron de esa contienda.
Además de la clausura, funcionarios del ente tributario impusieron un extenso catálogo de medidas cautelares contra el diario y sus accionistas: prohibición de enajenar y gravar bienes, bloqueo de cuentas bancarias y tarjetas de crédito, embargo de activos muebles e inmuebles, y restricción de salida del país y de zarpe.
Ante esta situación, los directivos del diario acudieron al Juzgado Superior Sexto en lo Contencioso Tributario de Caracas, donde obtuvieron un Amparo Constitucional que ordenaba levantar parte de las medidas.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue someter a los directivos José y Emilio Materán, junto con la consultora jurídica Blanca Suárez, a más de 30 días de interrogatorios en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) bajo una acusación de presunto soborno al juez, la cual derivó en enero de 2024 en la detención de la doctora Suárez y del juez Duncan Espina, quienes permanecieron presos más de 13 meses hasta ser absueltos por falta de pruebas.
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