Por Gustavo Duque Largo
Como internacionalista que he dedicado mi vida al estudio del Derecho Internacional y a la defensa de los Derechos Humanos, considero que es mi deber moral y profesional pronunciarme con claridad sobre uno de los debates más cruciales que enfrenta Venezuela hoy: la conformación de una Junta de Gobierno para la transición democrática. Y lo hago con la firme convicción de que incluir a representantes del régimen actual en dicho organismo sería no solo un error político de proporciones históricas, sino una afrenta a la justicia y a la memoria de millones de venezolanos que han sufrido las consecuencias de su proyecto totalitario.
Permítanme ser claro desde el principio: el régimen que ha gobernado Venezuela durante las últimas décadas no es un gobierno democrático con el cual se pueda negociar una transición civilizada. Es un sistema que ha sido documentado por organismos internacionales como perpetrador de crímenes de lesa humanidad. Las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y múltiples organizaciones de derechos humanos han establecido patrones consistentes de represión sistemática, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y persecución política contra quienes osan disentir. Esta no es una afirmación ideológica, es una constatación jurídica basada en informes rigurosos y verificados.
Frente a esta realidad, incluir al chavismo en una Junta de Transición sería equivalente a otorgar legitimidad a quienes han destruido las bases institucionales del país. Sería como pedirle al incendio que ayude a apagar las llamas. Gran parte de la comunidad internacional ha sido cómplice por omisión durante demasiado tiempo, y no podemos permitir que por la ambición de algún país, se cometa un nuevo error estratégico que nos lleve a legitimar a quienes han secuestrado la voluntad popular y han afianzado un modelo político y económico que ha empujado a más de siete millones de venezolanos al exilio.
Los venezolanos hemos sido testigos de cómo cada intento de diálogo ha sido utilizado por el régimen como una táctica dilatoria para ganar tiempo mientras intensificaba la represión. Las mesas de negociación en México, Barbados y Noruega no fueron más que escenarios donde el chavismo demostró su absoluta falta de voluntad para ceder el poder de manera pacífica. Las elecciones del 28 de julio de 2024 y la posterior ola de violencia y persecución son la evidencia más reciente de que este régimen no negocia, solo simula hacerlo mientras consolida su control. ¿Cómo podríamos entonces confiar en que sus representantes dentro de una Junta actuarían de buena fe?
La transición venezolana no es una simple alternancia política, es una ruptura ética y política necesaria. No se trata de reemplazar a unos funcionarios por otros, sino de desmantelar un sistema que ha operado al margen de la ley y de los derechos fundamentales. Para ello, necesitamos un organismo que goce de la mayor credibilidad y legitimidad posible, integrado exclusivamente por ciudadanos de reconocida solvencia moral, comprometidos con la democracia, los Derechos Humanos y ajenos por completo al proyecto que ha llevado al país a la ruina.
Quienes argumentan que debemos incluir al régimen para garantizar una salida pacífica cometen un error de cálculo peligroso. La pacificación no se logra cediendo espacios a quienes han usado la violencia como instrumento de dominación. La verdadera paz solo puede construirse sobre la base de la justicia. Una Junta que incluya a representantes del régimen no sería un árbitro imparcial, sino un espacio de cooptación donde los victimarios se sentarían al lado de las víctimas, diluyendo la responsabilidad de sus crímenes y blindando su impunidad.
La historia nos enseña que las transiciones exitosas no se construyen sobre el olvido ni sobre la complicidad con los opresores. El pueblo venezolano merece una transición que honre la memoria de los caídos, que reconozca el sufrimiento de los perseguidos y que restaure la dignidad de una nación humillada. Eso solo será posible si la Junta de Gobierno es un instrumento de justicia y no una mesa de negociación con el verdugo.
Insisto en que el Derecho Internacional nos ofrece herramientas para gestionar esta transición sin necesidad de sentarnos con quienes han violado sistemáticamente los derechos humanos. Mecanismos como comisiones de la verdad, tribunales internacionales y procesos de justicia transicional pueden y deben ser activados para abordar el pasado sin negociar la impunidad. Pero eso requiere de una Junta que sea percibida como legítima por la ciudadanía y por la comunidad internacional, algo que sería imposible si incluimos a los representantes de un régimen que ha sido condenado mundialmente por su historial de abusos.
En conclusión, como venezolano, como internacionalista y como defensor de los Derechos Humanos, sostengo que la exclusión del régimen que actualmente usurpa el poder en Venezuela, de la Junta de Gobierno para la transición democrática no es un capricho, sino una condición de principio y de viabilidad. Es la única manera de garantizar que este proceso sirva para poner fin a un ciclo de violaciones y abusos, y no para perpetuarlo bajo una nueva apariencia. No podemos confundir a las víctimas con los victimarios. No podemos pedirle a quienes han destruido el país que nos ayuden a reconstruirlo. La responsabilidad histórica que tenemos hoy es inmensa, y debemos estar a la altura de ella, con valentía, con claridad y con un compromiso inquebrantable con la justicia y la verdad.
Dr. Gustavo Duque Largo
Abogado internacionalista y defensor de Derechos Humanos. [email protected]
08 de julio de 2026.
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