Publicación de Tal Cual
La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos sostuvo que la agenda política anunciada para iniciar el 1 de agosto debe priorizar la liberación de estos detenidos por motivos políticos y responsabilizó a Delcy Rodríguez de poner obstáculos para que se excarcelen todas estas personas
La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos exigió este jueves 16 de julio la aprobación «inmediata» de un indulto general y masivo para los detenidos por razones políticas en el país. También pidieron que la situación de estos ciudadanos sea uno de los temas centrales de la mesa de trabajo conjunto que se instalará a partir del 1º de agosto con Dinorah Figuera, representantes de la actual Asamblea Nacional y Estados Unidos.
Durante una rueda de prensa en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, el abogado Eduardo Torres, quien asesora a familiares de presos políticos, calificó la Ley de Amnistía y el proceso llamado Plan Cayapa o Revolución Judicial como «un montaje mediático que no llegó a nada», pues no logró la liberación de todos los presos políticos.
En ese sentido, sostuvo que el artículo 236 de la Constitución, en el numeral 19, así como decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), facultan a quien ejerce la jefatura del Ejecutivo para conceder indultos en cualquier etapa del proceso penal, tanto a personas condenadas como procesadas.
Torres cuestionó que Delcy Rodríguez, quien está próxima a cumplir seis meses como interina, no haya otorgado ni un solo indulto y la instó a tomar las medidas correspondientes en beneficio de los presos políticos: «Delcy Rodríguez los tiene presos. Ella tiene la llave. De hecho, el que pone obstáculos para la liberación total es el régimen de Delcy, que es a quien le estamos exigiendo la libertad y señalándole la vía», afirmó.
Aunque la exdiputada Figuera precisó en una entrevista radial que la agenda que está próxima a comenzar tendrá dos enfoques: uno humanitario tras la emergencia por los sismos y el segundo político dirigido a establecer una hoja de ruta para la democracia, los familiares de los presos políticos hacen un llamado para llevar a esta mesa el tema de los encarcelados.
Alianza por los Presos Políticos
La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos insistió en indicar que corresponde tanto a la dirigencia política como a la ciudadanía, a los familiares de los detenidos, abogados y a la comunidad internacional exigir la liberación inmediata de los más de 500 detenidos por razones políticas.
Mayra Morales, hermana del preso político Ricardo Fonseca, solicitó a las autoridadades «la libertad para todos los presos políticos, civiles y militares, sin exclusión, ni condiciones que prolonguen su sufrimiento y el de sus familiares», sostuvo y reiteró que no se puede hablar de un país libre mientras haya personas tras las rejas.
A la exigencia de Morales se le unió Jessica Castro, familiar de Gustavo Hernández, detenido por el caso Gedeón, quien le pidió a Dinorah Figuera «que escuche a todos los familiares de los presos políticos y desde su responsabilidad política e institucional promueva la libertad plana, inmediata e incondicional de todos los presos políticos», indicó.
A juicio del abogado Eduardo Torres, la Embajada de Estados Unidos y otros actores internacionales deben acompañar estos reclamos bajo el principio de la responsabilidad de proteger.
Consultado por TalCual sobre si se mantiene comunicación con los representantes de la administración de Donald Trump en el país tras la instalación de un campamento en las cercanía de la Embajada estadounidense, el abogado Torres precisó que se mantiene y detalló: «La tenemos incluso antes de venir para acá con el Portafolio de Derechos Humanos, que nos había atendido junto a sindicalistas y familiares (de presos políticos) y se enviaron varios pliegos».
Torres agradeció a la Embajada de Estados Unidos las liberaciones y excarcelaciones que se han dado tras el 3 de enero y reiteró: «Para que se abra una vía de reconciliación, de paz y de reconstrucción de Venezuela no puede existir ni un solo preso político en el país. Seguimos conversando con ellos para que sigan mediando y sigan las liberaciones».
Por otra parte, el también representante de Provea denunció la reciente represión dentro de recintos carcelarios como Rodeo I y Yare III, ambas ubicadas en el estado Miranda. Responsabilizó por estos hechos al Servicio Especial de Máxima Seguridad, al Grupo de Respuesta Inmediata, conocido dentro de las cárceles como «Carro Negro», y culpó directamente al ministro para el Servicio Penitenciario, Julio Zerpa; al ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; y a Delcy Rodríguez: «Eso no puede seguir pasando», dijo.
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