A un mes de los dos terremotos que azotaron Venezuela, organizaciones de derechos humanos, gremios, medios y ONG pidieron al Estado publicar los planes de reconstrucción, garantizar el acceso a la información y facilitar el trabajo de periodistas según el 337 constitucional y el de los voluntarios. Advierten que la recuperación «no puede limitarse a levantar infraestructura»
Al menos 39 rganizaciones de derechos humanos, sociedad civil, gremios y medios de comunicación exigieron este viernes 24 de julio que el proceso de reconstrucción tras el doble terremoto del 24 de junio se desarrolle con transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, al advertir que, un mes después de la emergencia, «la opacidad continúa siendo la regla».
En un comunicado difundido por Laboratorio de Paz, las organizaciones señalaron que la respuesta inmediata al desastre dio paso a una etapa decisiva para el país y sostuvieron que «la manera en que este proceso sea conducido marcará no solo la recuperación de las ciudades afectadas, sino también la calidad de nuestras instituciones y la confianza de la ciudadanía en la acción pública».
El documento recuerda que el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres de Naciones Unidas plantea que toda reconstrucción debe convertirse en una oportunidad para «Reconstruir Mejor», es decir, reducir las vulnerabilidades que agravaron la tragedia post terremotos mediante infraestructura más segura, instituciones fortalecidas y una mayor participación de la ciudadanía.
Sin embargo, las organizaciones sostienen que la información pública sobre la reconstrucción sigue siendo insuficiente.
«Aunque las autoridades han realizado anuncios parciales relacionados con la recuperación, la ciudadanía sigue sin disponer de información pública suficiente que permita comprender cómo se desarrollará el proceso de reconstrucción», señala el pronunciamiento.
Según las organizaciones, aún no se conocen de forma integral los criterios para priorizar las obras, los cronogramas de ejecución, los presupuestos, los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, ni las medidas previstas para garantizar derechos como la salud, la educación y la vivienda mientras avanzan los trabajos.
También advierten que persiste la incertidumbre sobre la rehabilitación de hospitales y centros de salud afectados, la recuperación de escuelas, las soluciones para las familias que perdieron sus viviendas y la continuidad de la atención médica y educativa para las personas desplazadas.
Las exigencias a un mes de los terremotos
Entre las principales solicitudes dirigidas al Estado venezolano figuran la publicación periódica de información verificable sobre los planes de reconstrucción, el levantamiento de las restricciones al acceso a la información pública y a los medios independientes, facilitar el trabajo de periodistas, organizaciones humanitarias y voluntarios, garantizar que los refugios temporales cumplan estándares internacionales de derechos humanos e incorporar a las comunidades afectadas en el diseño y seguimiento de las políticas públicas.
El comunicado también insta a derogar las normas que, a juicio de las organizaciones firmantes, obstaculizan el trabajo de la sociedad civil en tareas de asistencia y recuperación.
«La reconstrucción es mucho más que una tarea de ingeniería. Es también un proceso de reconstrucción democrática», concluye el texto. «Sin transparencia no habrá confianza. Sin participación no habrá resiliencia. Y sin instituciones democráticas que actúen dentro del marco constitucional, la reconstrucción difícilmente podrá responder a las necesidades y derechos de las personas afectadas».
El pronunciamiento también cuestiona que, en medio de la emergencia por los terremotos, continúen los bloqueos contra portales informativos y medios de comunicación independientes, al considerar que esas restricciones limitan el derecho de la población a acceder a información de interés público y dificultan el seguimiento ciudadano de la reconstrucción.
«Resulta igualmente preocupante que, en medio de una emergencia de esta magnitud, continúen los bloqueos contra portales informativos y medios de comunicación independientes», señala el documento.
Las organizaciones también lamentan que durante la atención de la emergencia se hayan registrado obstáculos para iniciativas de voluntariado y solidaridad comunitaria.
«Esa energía cívica constituye uno de los principales recursos con que cuenta cualquier sociedad para enfrentar una catástrofe y debió haber sido reconocida, facilitada y articulada por las autoridades, no limitada mediante restricciones innecesarias», afirmaron.
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