Durante el encuentro con la familia de la afectada, el opositor zuliano constató las graves secuelas físicas y el uso de silla de ruedas que padece Benítez a consecuencia de las torturas y tratos crueles sufridos en reclusión
Juan Pablo Guanipa exigió libertad plena para los presos políticos tras reunirse este jueves 20 de agosto con Emirlendris Benítez, quien fue excarcelada el pasado viernes luego de permanecer 8 años presa bajo acusaciones que la vincularon con el supuesto atentado con drones contra Nicolás Maduro en 2018.
Durante la visita, el dirigente político compartió con la mujer y su familia, ocasión en la que constató las secuelas físicas que padece a raíz de “esas torturas tan graves” que sufrió bajo custodia del Estado.
Benítez fue arrestada mientras se encontraba en estado de gestación. A causa de los tratos crueles sufridos durante su reclusión, perdió a su bebé y la gravedad de los daños físicos la dejó en silla de ruedas.
Posteriormente, enfrentó un proceso judicial sin garantías que derivó en una condena a 30 años de prisión, privándola de ocho años al lado de sus hijos.
A pesar de que su regreso al hogar representa un motivo de satisfacción para sus allegados, Guanipa señaló que la situación jurídica actual de la afectada sigue siendo injusta.
“Emirlendris fue excarcelada, no liberada plenamente. Sobre ella todavía pesan restricciones y una condena que nunca debió existir”, indicó el opositor zuliano.
Enfatizó además que ningún proceso de reconciliación en el país debe basarse en el sofocamiento de los hechos pasados ni en la falta de reparación a los afectados.
“Venezuela necesita reencontrarse, pero ningún reencuentro verdadero puede construirse sobre el olvido”, afirmó.
La demanda por la restitución completa de los derechos de Benítez se extiende al resto de los detenidos por motivos ideológicos en el país. Guanipa ratificó que mantendrá la exigencia de libertad plena para la totalidad de los presos políticos, tanto civiles como militares.
El dirigente remarcó que las víctimas de persecución y violencia estatal requieren garantías de memoria, verdad y justicia, bajo un marco que descarte la venganza, pero impida la impunidad en el país.
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