La Ley contra el Odio, recordó el SNTP, establece penas entre los 10 y 20 años de prisión por lo que se ha transformado «en una herramienta para criminalizar la expresión y aumentar el riesgo de ejercer el periodismo»
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió este martes 15 la derogación de la llamada Ley contra el Odio, un instrumento que, han asegurado, ha sido utilizado «de forma recurrente» para criminalizar el trabajo de periodistas.
«No basta con dejar de aplicarla. Hay que derogarla y cerrar las causas que produjo», advirtió el SNTP en redes sociales.
Según un recuento hecho por el sindicato, de los 40 trabajadores la prensa detenidos o judicializados hasta enero de este año, 28 fueron acusados por delitos contemplados en esta normativa. Siete de cada 10 periodistas judicializados fueron imputados por presuntos cargos de promoción o incitación al odio.
La «Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia» fue aprobada el 8 de noviembre de 2017 por la extinta constituyente, bajo reclamos de juristas y sociedad civil no solo por el órgano que la emitía sino por el contenido de la misma. Además forma parte de un conjunto de leyes que el SNTP ha pedido revisar y derogar a representantes opositores en la mesa de diálogo, que esta semana se reunirán nuevamente en Caracas para abordar temas referentes a garantías civiles y políticas.
La normativa, recordó el SNTP, establece penas entre los 10 y 20 años de prisión por lo que se ha transformado «en una herramienta para criminalizar la expresión y aumentar el riesgo de ejercer el periodismo».
También plantearon que la eliminación de esta figura alcanzaría a aquellos trabajadores de la prensa con procesos judiciales abiertos. «La legislación penal no puede seguir siendo un instrumento de persecución. La Ley del Odio ha servido para encarcelar, judicializar y mantener bajo amenaza a periodistas y trabajadores de la prensa que informan, interpelan al poder o expresan posiciones críticas. Su aplicación ha permitido imponer penas desproporcionadas, prolongar procesos judiciales y restringir derechos y beneficios procesales».
Noti/Imágenes: Amarilis Romero Sánchez, CNP 12267
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