De acuerdo con una base de datos de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), algunos de estos detenidos tienen sus condenas formalmente vencidas, mientras que otros incluso cuentan con boletas de excarcelación que no han sido ejecutadas por los centros de reclusión.
Presos políticos
Al menos seis presos políticos permanecen privados de libertad en Venezuela pese a haber cumplido las penas impuestas por los tribunales, una situación que evidencia irregularidades en la ejecución de sentencias y la apertura de nuevos procesos para prolongar el encarcelamiento.
De acuerdo con una base de datos de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), algunos de estos detenidos tienen sus condenas formalmente vencidas, mientras que otros incluso cuentan con boletas de excarcelación que no han sido ejecutadas por los centros de reclusión.
En una nota publicada por Efecto Cocuyo, el medio reseñó que JEP documentó seis casos de personas que continúan tras las rejas pese a haber saldado sus condenas. La organización sostiene que el patrón incluye tanto la inacción de tribunales de ejecución como la apertura de nuevos expedientes penales.
Uno de los casos corresponde a un funcionario de seguridad detenido el 2 de marzo de 2018 en el Distrito Capital, quien permanece recluido pese a tener la pena cumplida. Otro efectivo, arrestado el 8 de enero de 2020 en Táchira, se encuentra en una situación similar.
Un tercer caso corresponde a un civil detenido el 2 de agosto de 2024 en Carabobo y recluido actualmente en El Rodeo I. Según el registro, cuenta con una boleta de excarcelación emitida por un tribunal que no ha sido acatada por el penal.
Las identidades de estos tres detenidos se mantienen bajo reserva por petición expresa de sus familiares, quienes temen posibles represalias.
Víctor Eduardo Soto Méndez
El teniente coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Víctor Eduardo Soto Méndez fue detenido el 2 de marzo de 2018 luego de conversar con compañeros sobre las condiciones de alimentación y la falta de medicinas en unidades militares.
Fue condenado por un tribunal militar a siete años y seis meses de prisión por traición a la patria, instigación a la rebelión y acciones contra el decoro militar. La pena quedó cumplida formalmente el 9 de septiembre de 2025.
Sin embargo, no fue liberado. En noviembre de ese año fue trasladado desde Ramo Verde hasta el centro Procemil Central, en Fuerte Guaicaipuro, mientras la Fiscalía presentó una nueva imputación que incorporó el delito de motín.
De acuerdo con la información suministrada, la nueva acusación fue presentada pese a que Soto Méndez no habría participado en alteraciones del orden durante su reclusión.
Igbert José Marín Chaparro
El teniente coronel Igbert José Marín Chaparro también fue detenido el 2 de marzo de 2018, luego de exigir mejoras de equipamiento para la tropa y denunciar presuntas irregularidades internas mientras comandaba un batallón en Fuerte Tiuna.
Cumplió en septiembre de 2025 una condena de siete años y medio por instigación a la rebelión, pero posteriormente fue vinculado al denominado caso de “La Viñeta”.
La nueva acusación lo señala por supuestos delitos cometidos en un período en el que, según el registro, ya se encontraba detenido e incomunicado.
Marín Chaparro permanece recluido en El Rodeo I, donde enfrenta un nuevo proceso penal. Su situación ha sido denunciada por dirigentes y organizaciones políticas que cuestionan la apertura del expediente y han alertado sobre el deterioro de su salud tras varias huelgas de hambre.
Deibis Esteban Mota Marrero
El teniente coronel Deibis Esteban Mota Marrero fue detenido también el 2 de marzo de 2018, señalado de participar en el denominado “Caso de los Comandantes”.
El Tribunal Supremo de Justicia estableció que su sentencia de siete años y seis meses por instigación a la rebelión culminaba el 9 de septiembre de 2025.
Pese a ello, el tribunal militar encargado de la ejecución de la pena no concretó su liberación. Dos meses después, Mota Marrero fue trasladado desde Ramo Verde hasta Fuerte Guaicaipuro, donde quedó sometido a un nuevo procedimiento penal.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado además secuelas físicas y psicológicas derivadas de las condiciones de reclusión y de presuntas torturas sufridas durante sus primeros años de detención.
Los seis casos documentados por JEP muestran que el cumplimiento formal de una condena no necesariamente deriva en la excarcelación de presos políticos en Venezuela, mientras familiares y defensores continúan exigiendo que se ejecuten las decisiones judiciales y se garantice el derecho a la libertad.
Noti/Imágenes: Lcdo. Amarilis Romero Sánchez, CNP 12267
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