Marvin Rafael Cequera Mendoza fue detenido el 22 de noviembre de 2025 en Maracay sin contar con una orden judicial. Según su esposa, durante la primera semana estuvo en desaparición forzada.
Este es otro de los cientos de casos “montados ilegalmente para castigar a quienes presumen no serviles al regimen.
Denuncian irregularidades en el proceso judicial contra un mayor del Ejército acusado de robar material militar
Esposa del mayor del Ejército Marvin Rafael Cequera Mendoza, María Chiquinquirá Tubíñez Colmenárez | Infobae
Familiares del mayor del Ejército Marvin Rafael Cequera Mendoza denuncian irregularidades con el proceso judicial que se lleva a cabo en su contra. Su esposa, María Chinquinquirá Tubíñez Colmenárez, aseguró que una comisión del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de Caracas lo detuvo el 22 de noviembre de 2025 en Maracay sin contar con una orden judicial.
Según Tubíñez, durante la primera semana estuvo en desaparición forzada. Indicó que Cequera permaneció cerca de cuatro meses en la sede del Conas de Quinta Crespo, en Caracas. En su denuncia señaló que en este lugar recibió golpizas, torturas y amenazas, informó Sebastiana Barráez en Infobae.
Asimismo, precisó que acudió a la sede del organismo donde le confirmaron que su pariente estaba recluido allí. Sin embargo, no pudo verlo durante dos meses. Luego, le permitieron visitas a través de un vidrio.
El 17 de marzo de 2026, trasladaron a Cequera al Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, donde le contó a sus familiares sobre presuntos maltratos sufridos. Según la familia, la audiencia preliminar se llevó a cabo nueve meses después de la detención.
Investigaciones
Cequera estaba adscrito a la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX) en Caracabobo y era segundo comandante de la dependencia de Puerto Cabello. Impartía cursos de explosivos para la División de Almacenamiento y Control de Químicos y Explosivos de la Región Central, reseñó Infobae.
Al mayor del Ejército se le acusó de sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de delitos contra la seguridad de la institución. De acuerdo con Infobae, una fuente reveló que el mayor fue detectado vendiendo municiones, explosivos y piezas de armas.
Además, la fuente señala que el Grupo Antiextorsión y Secuestro detectó números telefónicos, conversaciones y supuestas órdenes del coronel Oswaldo Flores Rojas, entonces director del DAEX en Puerto Cabello.
«Las instrucciones habrían sido emitidas por el general de división Jesús Antonio Carrera Mora cuando dirigía el DAEX», detalló la fuente consultada por el medio.
En la investigación hallaron indicios de negocios con armas, municipios, explosivos y chatarra. También de portes de armas, acreditaciones de civiles como funcionarios e inspecciones presuntamente falsas a empresas estatales y compañías pirotécnicas.
Según la fuente, Cequera señaló al coronel Flores Rojas, contra quien se emitió una orden de aprehensión y resultó acusado de desobediencia en calidad de encubridor.
Versión familiar
Por su parte, la familia y abogado de Cequera sugieren que el mayor quedó vinculado al caso por una llamada telefónica. También por la sustracción de material estratégico de la sede del DAEX en Puerto Cabello. Sin embargo, aseguraron que se hicieron tres inspecciones técnicas en los depósitos sin novedades.
La defensa señaló que la Corte Marcial de Caracas infringió los derechos y garantías constitucionales establecidos en los artículos 26, 49, 51 de la Constitución. Así como los artículos 12 y 6 del Código Orgánico Procesal Penal.
El caso se lleva a cabo en el Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Funciones de Control a cargo del teniente coronel de la GNB Mivkel Enrique Amézquita Pión. Mientras que la Fiscalía Tercera Militar, dirigida por el capitán de la GNB Elber Jesús Montero Mendoza, interviene en la causa.
La audiencia de imputación se realizó el 29 de noviembre de 2025 ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control. El 9 de diciembre de 2025, Tubíñez designó a los abogados de su esposo ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los tribunales penales militares.
Sin embargo, el tribunal autorizó que acudieran al centro de reclusión para obtener la nota marginal, el sello y las huellas del imputado. Pero un funcionario del Conas, el sargento mayor Hernández Meza, se negó a ejecutar esa instrucción y sostuvo que el tribunal debía ordenar formalmente el traslado del detenido.
Los defensores quedaron juramentados el 6 de enero de 2026, tras presentar solicitudes y un amparo constitucional ante la Corte Marcial. Desde ese momento pidieron las copias certificadas del expediente, pero el Tribunal Primero negó la entrega..
Finalmente pudimos conocer que este caso, al igual que muchos otros han sido politizados tanto en la justicia penal civil como en la militar donde solo cumplen «ordenes de arriba»
Noti/Imágenes
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