La decisión frena la anulación promovida por el Departamento de Seguridad Nacional mientras continúa el litigio impulsado por organizaciones de derechos humanos en defensa del amparo migratorio
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California emitió un fallo este viernes 30 de octubre que desestimó la solicitud de la administración del presidente Donald Trump para mantener suspendido el Estatus de Protección Temporal (TPS). La decisión judicial abre el camino para que el próximo viernes 6 de noviembre se restituya el amparo migratorio y los permisos de trabajo a cientos de miles de ciudadanos venezolanos residenciados en territorio estadounidense.
La resolución se enmarca en la demanda National TPS Alliance contra Mullin, expediente que cuestiona la medida adoptada por la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, quien revocó la extensión previamente otorgada a la nación suramericana. Tras la impugnación formulada por las organizaciones defensoras de derechos humanos, la judicatura ratificó que la decisión administrativa excedió las competencias legales del despacho federal.
La disputa legal experimentó diversos traspiés procesales luego de que la Alianza Nacional TPS recurriera ante las instancias federales la anulación del programa. Si bien un juez de primera instancia falló a favor de la comunidad migrante, el Ejecutivo estadounidense elevó un recurso ante el Tribunal Supremo, ente que concedió una suspensión temporal de la medida. Dicho mecanismo cautelar vencerá de forma definitiva el 6 de noviembre, fecha a partir de la cual se restablecerá la protección legal a menos que se produzca una nueva intervención de la máxima instancia judicial.
Durante los alegatos presentados ante el tribunal de apelaciones, los representantes legales incorporaron testimonios directos de beneficiarios afectados por la suspensión del amparo. Entre las pruebas documentadas destacó el caso de Carlos Sánchez Villa, deportado a Liberia tras quedar desprovisto del permiso migratorio, quien describió la actuación de los organismos de inmigración como un trauma derivado del limbo jurídico.
La representación de los demandantes estuvo a cargo de la Red Nacional de Jornaleros (Ndlon), las filiales de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en California, el Centro Miñana de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Haitian Bridge Alliance. Los voceros de estas instituciones manifestaron que el fallo consolida las garantías de la población migrante para residir y ejercer labores productivas sin la amenaza de deportaciones inmediatas.
Por su parte, la defensa jurídica de la alianza solicitó a la Casa Blanca acatar el dictamen del tribunal de distrito y abstenerse de elevar nuevas apelaciones, con el fin de otorgar estabilidad jurídica a las familias venezolanas mientras concluye la revisión de fondo del litigio.
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