Desde las organizaciones Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón ratifican que ya se han distribuido los casos que estaban en manos de tribunales de control antiterrorismo, pero aún no han iniciado las audiencias preliminares
Han pasado 23 días desde la eliminación, vía resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de los cuatro tribunales especiales de control con competencia en terrorismo. La medida, tomada con el objetivo de «abordar y resolver oportunamente las deficiencias estratégicas en la organización judicial», no ha garantizado mayor avance en los casos de las personas detenidas por razones políticas.
Los primeros afectados por la decisión fueron los ocho acusados del caso «Azul Celeste», a quienes las autoridades acusan de entregar información a EEUU que derivó en la captura de Nicolás Maduro. La audiencia preliminar fue fijada inicialmente para marzo, pero ha sido diferida en más de 19 oportunidades.
El jueves 15 de octubre los ocho acusados estaban conectados de forma telemática con el Tribunal Segundo de Control de Terrorismo, a cargo de Carlos Liendo, cuando el juez recibió una llamada del TSJ para informarle que su jurisdicción había sido eliminada. El miércoles 4 de noviembre se les informó a los familiares que el caso pasó a tener el número de expediente AP02P-2026-009108 y lo conocerá la jueza July Sierra Goyo. Sin embargo, todavía no hay fecha de la audiencia preliminar.
La jueza Sierra Goyo maneja el Tribunal 13 de control del Área Metropolitana de Caracas, pero también ejercía en el juzgado especial cuatro de control con competencia en terrorismo, que conoció del caso «Azul Celeste».
Caso Azul Celeste teniente coronel Manuel Oria
Yuri Burgos, esposa del teniente coronel Manuel Alejandro Oria, señala que ya son tres semanas a la espera de una nueva audiencia y la liberación de todo el grupo, así como del resto de los presos políticos.
«Él, así como los demás presos políticos tienen esperanza con la llegada de María Corina Machado. Marco Rubio insta a la liberación de todos; sin embargo, el régimen continúa ignorando la orden», dice.
Mientras, señala Burgos, la situación dentro del Internado Judicial El Rodeo I –donde se encuentra Oria– permanece igual: solo una hora de actividad al día, con alimentación deficiente, falta de atención médica y visitas con contacto limitado. «La última vez que lo vi estaba más flaco».
«Caos» en tribunales
Desde las organizaciones Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón ratifican que ya se han distribuido los casos que estaban en manos de tribunales de control antiterrorismo, pero aún no han iniciado las audiencias preliminares.
En este punto, recuerda la abogada Martha Tineo, si el juez o jueza dictamina en esa audiencia que hay suficientes elementos de convicción para pasar a la siguiente fase del proceso penal, estos pasarán nuevamente a la competencia especial de juicio en materia de terrorismo, cuyas sedes se mantienen en Caracas.
Por su parte, el abogado Juan Luis González Taguaruco refiere que se «ha creado un caos inesperado porque ni siquiera se ubican los expedientes ni las peticiones que fueron entregadas previo a esa resolución del TSJ».
La dinámica de los abogados en tribunales, dice González, ahora se ha convertido en un trabajo de averiguar «a dónde fueron redistribuidos esos expedientes, que entendemos no todos han sido redistribuidos. Paso a paso se ha hecho ese trabajo para ubicarlos en cada uno de los tribunales y retomar la dinámica de curso del caso».
Puso el ejemplo de Wilder Vásquez, quien recientemente fue excarcelado. El abogado recuerda que pese a haber cumplido la totalidad de la condena impuesta por el caso «drones», al estudiante de comercio internacional se le imputó un nuevo delito en un tribunal de terrorismo para justificar su detención por hechos cometidos cuando presuntamente estaba detenido. Ese nuevo expediente estaba bajo el tribunal a cargo del juez Carlos Liendo y no ha sido ubicado.
También presentó unas tercerías ante el Tribunal 1 de Control con competencia en Terrorismo por el expediente 031, que corresponde a la operación Constitución. «No hemos recibido respuesta del tribunal y no hemos podido ubicar dónde quedó el expediente luego de la resolución».
Asimismo, el abogado comenta que por el presunto magnicidio de 2018, conocido como el «caso drones», hay personas que fueron excarceladas y cuyo caso nunca avanzó. «Nunca fueron acusados pero al día de hoy siguen cumpliendo régimen de presentación ante un tribunal que no sabemos cuál es, porque no sabemos a qué tribunal fue distribuida esa causa y está en riesgo sus presentaciones periódicas».
González Taguaruco indica que es un «poco más sencillo» ubicar los expedientes de personas que ya están detenidas y hacer el seguimiento correspondiente, pues deben ser trasladadas ante el nuevo tribunal. «El problema son las personas a las que se les dictó órdenes de aprehensión por parte de estos tribunales y no saben que están requeridos. ¿Ahora cuál es el tribunal que conoce? Por ejemplo, ¿dónde se solicita la amnistía? Esas dudas están, porque todavía hay muchos casos donde hay personas requeridas por órdenes judiciales dictadas por estos tribunales donde los expedientes están allí, esperando que sean capturados y puestos a la orden».
Lcda. Amarilis Romero Sánchez CNP 12040 – Noti/Imágenes
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