El objetivo de Roger Piñate, cofundador de la empresa de tecnología electoral, era obtener la ayuda de la expresidenta del CNE para resolver una disputa comercial con el gobierno venezolano para dar legalidad y tecnicismos a los procesos electorales.
Smartmatic negó categóricamente las acusaciones y calificó las declaraciones del Departamento de Justicia como «llenas de tergiversaciones»
Fiscales federales del sur de Florida aseguran que Roger Piñate, cofundador de la empresa de tecnología electoral Smartmatic, transfirió en secreto el control de una residencia de lujo en Caracas a la expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela Tibisay Lucena Ramírez a cambio de favores políticos.
La acusación formal, citada por el diario El Nuevo Herald, señala que el objetivo del ejecutivo era obtener la ayuda de Lucena para resolver una disputa comercial con el gobierno venezolano, luego de que Smartmatic denunciara en 2017 que el gobierno de Nicolás Maduro cometió fraude en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Ese año, la empresa cesó sus operaciones en Venezuela.
La revelación fue hecha en una presentación judicial reciente en Miami, donde Piñate enfrenta cargos de soborno y lavado de dinero vinculados a contratos en Filipinas. Fiscales estadounidenses planean usar el caso venezolano como prueba de un patrón de conducta.
¿Cómo transfirió la propiedad a Tibisay Lucena?
De acuerdo con los documentos judiciales, entre abril y julio de 2019 Piñate transfirió el control de una casa de clase media alta con piscina a Lucena mediante una empresa fantasma extranjera. El inmueble, según los fiscales, fue utilizado como medio de soborno para que la entonces presidenta del CNE interviniera en la disputa con el gobierno venezolano.
Los fiscales aseguran que existen mensajes cifrados, fotografías, testigos y documentación que demostrarían que Piñate y otros involucrados orquestaron la transferencia para que la transacción no pudiera ser rastreada. El título de propiedad habría sido entregado a través de un tercero para disfrazar el fin político de la entrega.
Smartmatic niega las acusaciones
En un comunicado enviado al Miami Herald, Smartmatic negó categóricamente las acusaciones y calificó las declaraciones del Departamento de Justicia como «llenas de tergiversaciones». No es la primera vez que esta empresa Smartmatic se vea incursa en este tipo de problemas y coyunturas contrarias a la ética empresarial.
“Como ejemplo, la mención del gobierno a un supuesto soborno en Venezuela en 2019 está completamente desligada de la realidad. Smartmatic cesó todas sus operaciones en Venezuela en agosto de 2017 después de denunciar al gobierno y nunca más ha intentado hacer negocios allí”, dijo la empresa.
La compañía aseguró haber operado “de manera legal, ética y transparente” durante dos décadas.
Un patrón de corrupción, según fiscales
El presunto soborno a Lucena es parte de un expediente más amplio que los fiscales de Miami usan para demostrar que Piñate empleó métodos similares en otros países. Invocando la Regla 404(b) de las Reglas Federales de Evidencia, los fiscales afirman que las pruebas del soborno en Caracas son relevantes para probar intención y patrón de conducta.
En el centro del caso está un supuesto esquema de sobornos por más de un millón de dólares en Filipinas. En 2024, un gran jurado federal acusó a Piñate y a Jorge Miguel Vásquez de conspirar para sobornar al entonces presidente de la Comisión Electoral de Filipinas, Juan Andrés Donato Bautista. Se alega que inflaron contratos y canalizaron fondos excedentes a cuentas secretas a través de Asia, Europa y Estados Unidos.
Tibisay Lucena, que falleció en abril de 2023, dirigió el CNE desde 2006 hasta 2020, y fue una figura central en la estructura electoral del chavismo durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Fue duramente cuestionada por la oposición y organismos internacionales por avalar elecciones plagadas de irregularidades.
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