Por: Abogado Gustavo Duque Largo
La discusión sobre un ajuste de la tabla salarial en Venezuela, que incluya un aumento del salario mínimo, sin ir acompañado de una congelación de precios, toca el núcleo del debate económico nacional. Durante décadas, la experiencia venezolana, respaldada por la historia económica global, ha demostrado que los controles de precios, lejos de proteger al consumidor, generan escasez, inflación reprimida y la proliferación de mercados paralelos, destruyendo los incentivos a la producción y el comercio formal . Por lo tanto, un ajuste salarial que no venga atado a un nuevo ciclo de controles artificiales representa, en principio, un enfoque más coherente con las lecciones de la historia económica, aunque no está exento de riesgos y desafíos enormes en el contexto venezolano.
La historia económica de Venezuela es un testimonio elocuente del fracaso de los controles de precios como herramienta para combatir la inflación o proteger el poder adquisitivo. Desde el primer decreto en 1939 hasta las más recientes leyes como la de Precios Justos de 2015 o el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos de 2026, el patrón se ha repetido: la intervención estatal en la fijación de precios no ha logrado controlar la inflación, sino que ha creado distorsiones que derivan en desabastecimiento y la aparición de un mercado negro donde los precios son aún más altos . Incluso figuras como «precios acordados» o un enfoque en «derechos socioeconómicos» son vistas por especialistas como una reorganización del control, no como una verdadera liberalización, lo que perpetúa la incertidumbre jurídica y ahuyenta la inversión . La propuesta de un aumento salarial sin congelación rompe con este círculo vicioso, apostando por permitir que los precios actúen como señales del mercado.
Sin embargo, la viabilidad de esta política depende de una condición fundamental: que el ajuste salarial sea el resultado de un aumento genuino de la productividad y no un simple decreto que ignore la realidad de la oferta y la demanda. Si el salario mínimo se incrementa sin un respaldo en la producción, y sin una política monetaria y cambiaria que estabilice la macroeconomía, el efecto será simplemente inflacionario. Las empresas, viendo aumentar sus costos laborales en bolívares, se verán forzadas a trasladar ese incremento a los precios finales para no producir a pérdida, como ha ocurrido en el pasado cuando se impusieron controles que hicieron inviable la operación de empresas . La diferencia clave aquí es que, al no haber congelación, el mercado podría ajustar los precios, pero en un escenario de alta inflación y debilidad productiva, el resultado sería una carrera entre salarios y precios que erosionaría rápidamente cualquier ganancia real para los trabajadores.
Por tanto, un ajuste salarial sin congelación de precios no es una solución mágica, sino un primer paso necesario, pero insuficiente. Para que sea justo y sostenible, debe estar acompañado de un paquete de políticas que ataquen las causas estructurales de la inflación, como la emisión monetaria descontrolada y la caída de la producción nacional . Medidas que incentiven la inversión nacional y extranjera, garanticen seguridad jurídica y eliminen las trabas burocráticas que ahogan el aparato productivo son imprescindibles para que la oferta de bienes y servicios pueda crecer y absorber el incremento del poder adquisitivo sin generar presiones inflacionarias excesivas. Como señalan los expertos, la verdadera protección al consumidor no es un precio congelado en un estante vacío, sino un mercado con oferta abundante, competencia real y una moneda estable .
En conclusión, plantear un aumento del salario mínimo sin la paralela congelación de precios es una apuesta por romper con un dogma económico que ha demostrado ser un fracaso rotundo en el país. Esta medida, por sí sola, no resolverá la crisis, pero es una condición de posibilidad para empezar a construir una economía más racional. El verdadero desafío para las autoridades no es simplemente ajustar un número en una tabla salarial, sino construir el ecosistema de confianza, estabilidad y libertad económica que permita que ese ajuste se traduzca en un genuino bienestar para los venezolanos, y no en una nueva espiral inflacionaria que termine castigando a quienes se pretende proteger.
Abogado Gustav Duque Largo
Analista político
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