El exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, señaló que la violencia y los tratos crueles denunciados por familiares y organizaciones de derechos humanos requieren un diagnóstico inmediato para atender las graves secuelas físicas y psicológicas que aseguran padecen los detenidos
El exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos recluidos en el Fuerte Guaicaipuro, en el estado Miranda. La exigencia formulada en una publicación difundida en su cuenta oficial en la red social X, donde instó además a proveer atención médica urgente y especializada a las víctimas de presuntos abusos en ese recinto penitenciario.
Almagro, diplomático uruguayo que lideró la OEA entre 2015 y mayo de 2025, señaló que la violencia y los tratos crueles denunciados por familiares y organizaciones de derechos humanos requieren un diagnóstico inmediato para atender las graves secuelas físicas y psicológicas que aseguran padecen los detenidos. Reclamó atención primaria, atención de urgencias y servicios especializados para quienes, según él, han sufrido torturas durante su permanencia en el conocido como Centro de Procesados y Penados Militares Guaicaipuro.
En su mensaje, Almagro identificó casos concretos al mencionar a cuatro militares detenidos en ese centro: el sargento mayor de tercera Geomer Martínez Natera, el sargento mayor de segunda Andrés Paredes Soler, el primer teniente Jefferson Dos Ramos y el sargento segundo Leandro Chirinos Parra. En cada caso, enfatizó la urgencia de evaluar su estado de salud tras denuncias de torturas y malos tratos sin que hayan recibido atención médica adecuada.
La declaración forma parte de la campaña #ApadrinaAUnPresoPoliticoDelMundo, promovida por el Instituto Casla, una organización que documenta violaciones a los derechos humanos en prisiones venezolanas, incluidas denuncias de torturas, tratos degradantes y detenciones arbitrarias.
El llamado de Almagro se produce en medio de un contexto en el cual diversos sectores de la sociedad civil y agrupaciones de derechos humanos han denunciado que la liberación de opositores políticos en Venezuela se ha dado de forma parcial y condicionada, y que todavía quedan cientos de personas tras las rejas por motivos políticos.
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