El Foro Penal denunció que algunos tribunales se niegan a entregar a familiares constancias escritas del rechazo a solicitudes de amnistía, lo que crea impedimentos para ejercer la apelación en los lapsos correspondientes
Familiares de presos políticos y organizaciones de derechos humanos han denunciado nuevas trabas relacionadas a la aplicación de la Ley de Amnistía: Defensores públicos que desestiman realizar las gestiones correspondientes y tribunales que niegan las copias de las decisiones respecto al rechazo de sobreseimiento de casos.
Lexys Sandoval, madre de Miguel Irigoyen, señaló que en el caso de los tres chóferes vinculados a la trama Pdvsa Cripto, la negativa del sobreseimiento judicial les fue entregada el pasado lunes 23 de marzo. Sin embargo, el defensor público se negó en principio a entregar la copia de la decisión y desestimó apelar en los lapsos correspondientes.
«Asumimos que negaron la amnistía por corrupción porque el caso es Pdvsa Cripto; pero en el caso de nosotros, que son los tres chóferes y tienen tres cargos que sí entran en la amnistía, y por el año, ellos deberían de dársela cuando saben perfectamente que son inocentes de todo lo que se les acusa», puntualizó Sandoval.
Asimismo, el defensor público les informó a los familiares de Irigoyen, Jean Meyer y Luis Daniel Guzmán que ahora podían cambiar a un abogado privado. «Nosotros no tenemos para pagar a un abogado privado, estamos buscando ayuda».
Los chóferes fueron capturados en marzo de 2023. En octubre pasado, el Tribunal Segundo contra el Terrorismo ordenó su pase a juicio en una audiencia telemática. El grupo se encuentra recluido en la cárcel de Fénix Lara.
Por su parte, el director vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, afirmó que la ONG ha recibido «varias denuncias» sobre la negativa de los tribunales de proporcionar las copias sobre las decisiones respecto a la Ley de Amnistía.
«Hemos recibido varias denuncias señalando que algunos tribunales se están negando a darle a los familiares que se las solicitan las copias de las decisiones en las que niegan la amnistía. Es grave porque no se permite apelar de la negativa sin la copia de la decisión», destacó Himiob en redes sociales.
El artículo 12 de la Ley de Amnistía establece que «la víctima acreditada en el proceso, el Ministerio Público y la persona procesada o condenada podrá interponer recurso de apelación, solo con efecto devolutivo». Dicho recurso debe interponerse en los cinco días hábiles luego de recibir la decisión del tribunal, según le han informado a familiares de presos políticos.
Desde el pasado 19 de febrero, cuando se aprobó la Ley, se han otorgado un total de 8.084 libertades plenas, ha dicho el diputado Jorge Arreaza. 7.782 de esas personas tenían libertad restringida con medidas cautelares, tales como prohibición de salida del país y régimen de presentación periódica ante tribunales, mientras que las 302 restantes estaban encarceladas.
Sin embargo, las autoridades venezolanas no han publicado un listado con las identidades de los amnistiados, pese a la petición pública del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
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