El diputado Luis Florido reclamó que, en cumplimiento del reglamento, los proyectos de leyes se entregaran con tiempo para poder revisarlos. Dijeron que ante la falta de tiempo para leer y comprender el documento de la ley de minas, salvaron su voto
La Asamblea Nacional aprobó, en primera discusión, por mayoría calificada el proyecto de ley de minas la noche de este lunes 9 de marzo. La oposición se abstuvo de votar porque condenaron que no pudieron revisar el documento ni la exposición de motivos porque fue entregado una hora antes de que comenzara la sesión.
El diputado Orlando Camacho, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, presentó el proyecto de la ley de minas, que explicó pretende actualizar el marco de este sector y establecer nuevas reglas para el manejo de los recuros minerales del país.
Añadió que esta iniciativa responde a la necesidad de tener una ley adaptada a las condiciones actuales de la actividad minera, que ordene el desarrollo de este sector en el país.
«Este hecho precisa una normativa conformada por criterios técnicos, así como una estructura acorde a estas nuevas necesidades», afirmó durante su exposición.
El diputado Luis Florido reclamó que, en cumplimiento del reglamento, los proyectos de leyes se entregaran con tiempo para poder revisarlos. Rechazó que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, calificara a la bancada opositora como «tóxica» y recordó que en la sesión anterior condenaron que las leyes no eran presentadas con anterioridad «para hacer las observaciones a las que haya lugar».
Sin embargo, Rodríguez rechazó que salvaran su voto porque afirmó que «esta ley es mucho más importante» que el hecho de no haber revisado el documento con anterioridad.
El diputado Carlos Dickson Barbera, del partido Un Nuevo Tiempo, dijo que no votaría a favor de la norma para «poder consultar a los asesores pertinentes» y hacer un análisis.
Atraer inversiones y seguridad jurídica
El diputado Camacho dijo que este proyecto de reforma toma en cuenta que la actividad minera se ubica, por lo general, en zonas no urbanizadas, por lo que cree debe incorporarse principios de desarrollo sostenibles.
También sostuvo que la reforma busca fortalecer la seguridad jurídica y crear condiciones que permitan atraer inversiones: «La seguridad jurídica, así como también la inversión extranjera».
Entre los aspectos incluidos en la propuesta, Camacho mencionó la incorporación de nuevas figuras jurídicas relacionadas con la administración de los recursos minerales. «Esta ley incorpora sectores importantes y figuras tales como la gestión de los recursos minerales, la declaratoria de minerales estratégicos y la reserva del Estado en zonas de seguridad», explicó.
Orlando Camacho añadió que el proyecto también contempla disposiciones vinculadas con la protección ambiental asociada a la actividad minera y dijo que los materiales medioambientales necesitan mayor protección jurídica.
Destacó además que la reforma precisa el rol del Ministerio de Minas como autoridad encargada de regular el sector. Detalló que «el Ministerio de Minas se establece como órgano rector para regular, dirigir y organizar toda la actividad minera en lo que tiene que ver con la exploración, explotación, producción, arranque y acarreo de todos los minerales».
Fondo Social Minero
La reforma de la Ley de Minas plantea la creación de un Fondo Social Minero, con la idea de que este establezca los ingresos y funciones para desarrollar y proteger la seguridad social de los trabajadores de este sector.
También propone la creación de un Banco de Datos Geocientífico Minero para centralizar información técnica sobre los recursos del subsuelo. «Es necesario saber cuál es la información geológica, geofísica, geoquímica, geotécnica y minera de Venezuela, tanto en formato digital como analógico», dijo.
Según Camacho, este banco de datos permitirá consolidar la información sobre los yacimientos del país.
El proyecto también plantea la creación de la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera, para fiscalizar, revisar y controlar la actividad y así buscar «beneficios fiscales que favorezcan la inversión nacional e inversión extranjera», afirmó.
El diputado insistió en que la reforma busca generar confianza jurídica para atraer inversiones y establecer mecanismos de resolución de controversias.
Añadió que, de ser necesario, se contempla acudir a mecanismos de mediación o arbitraje tras agotar las instancias nacionales: «Después de agotar todas las instancias jurídicas nacionales se podrá acudir a mecanismos de mediación y arbitraje independientes para la resolución de controversias, cumpliendo siempre la Constitución», señaló.
Camacho indicó que el proyecto de ley está compuesto por 19 capítulos, 126 artículos, tres disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias y una disposición final.
La propuesta debe discutirse artículo por artículo en un segundo debate, después de ser sometida a consulta pública con sectores de la sociedad civil.
Recientemente, Estados Unidos emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses
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