El ministro Cabello precisó que las evaluaciones técnicas de expedientes comenzarán simultáneamente en las regiones central y occidental
Olys Guárate
El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, anunció que este viernes iniciará el despliegue de las comisiones técnicas de la Revolución Judicial en los estados Aragua, Carabobo, Miranda, La Guaira, Falcón, Lara, Zulia y el Distrito Capital.
El también ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz precisó que el operativo abordará los centros de detención preventiva y los internados judiciales para revisar de forma exhaustiva los expedientes de la población reclusa.
Cabello instó a los magistrados y jueces a agilizar la localización física de las causas penales para garantizar la transparencia y evitar dilaciones administrativas durante las jornadas de atención.
Durante su intervención, la máxima autoridad de la cartera de Interiores y Justicia convocó formalmente a los diputados de las fracciones opositoras de la Asamblea Nacional a incorporarse activamente a las inspecciones en los recintos penitenciarios.
El ministro enfatizó la importancia de constatar la realidad de los centros de reclusión desde el terreno en lugar de emitir declaraciones parlamentarias abstractas.
Asimismo, recordó que el sistema de justicia debe mantener un equilibrio riguroso que proteja los derechos de los privados de libertad, pero sin desatender las garantías y demandas de las víctimas de los delitos.
En el plano estadístico, Cabello detalló que el plan priorizará la atención de 12.400 procesados que aún no reciben una sentencia definitivamente firme.
El vicepresidente sectorial desglosó que 183 ciudadanos acumulan diez o más años bajo régimen de retención, mientras que el grueso de la población penal evaluada se ubica en el lapso de dos a cinco años de reclusión provisional.
El funcionario explicó que la comisión técnica revisará los cómputos de las penas y las solicitudes de redención correspondientes, y anunció que el antiguo coliseo de Petare, utilizado previamente como zona de reclusión policial, fue desalojado por completo para ser transferido al control directo de las comunidades organizadas del sector.
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