Funcionarios del ministerio público se han especializado en forjar expedientes con falsos positivos prohibiendo a los procesados la defensa privada con abogado de confianza y obligando a los detenidos a aceptar defensa publica con funcionarios miembros o simpatizantes del partido de gobierno.
En medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe, el chavismo equistado en los cuerpos de seguridad mantiene la persecución contra periodistas y dirigentes opositores
Aunque el martes, en una comparecencia ante periodistas, Donald Trump respondió “lo hará” cuando se le preguntó si Nicolás Maduro dejaría el poder en medio del despliegue militar que su país mantiene en el Caribe, en Caracas el mandatario venezolano no muestra gestos de apertura.
Por el contrario, se muestra desafiante e incluso participa en un baile al ritmo de un remix elaborado con algunas de sus frases en inglés. Al mismo tiempo, el gobierno venezolano intensificó la represión contra críticos, activistas y dirigentes opositores.
“No war”, repite la pista electrónica preparada para acompañar sus pasos de baile, mientras lo rodean sus ministros, miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y seguidores.
“No nos han sacado con su terrorismo psicológico del camino correcto, jamás, sea la circunstancia que nos toque vivir, jamás nos van a sacar del camino (…) No nos pueden sacar jamás”, afirmó Maduro ese mismo día.
Al menos en el plano comunicacional, el chavismo proyecta que no tiene intención de ceder el poder ante ninguna circunstancia o presión.
A la vez, podría esperarse que, en busca de apoyo interno, el gobierno avanzara en la liberación de presos políticos o en ofrecer garantías de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, ocurre lo contrario.
En medio de la presión estadounidense, el chavismo continúa con la persecución, detención y judicialización de ciudadanos, la mayoría disidentes y varios periodistas al criminalizar el derecho constitucional a la información.
Hace una semana fue detenido el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, de quien se desconoce su paradero.
Pedro Arturo Moreno, secretario ejecutivo de la CTV, dijo a los medios que familiares de Torres han visitado centros de reclusión, pero las autoridades no les dan respuesta convirtiendo su detención en “desaparición forzosa según lo estable el ordenamiento jurídico”.
También, desde hace al menos una semana, no se sabe del paradero del exdiputado Fernando Orozco, del partido Voluntad Popular. Además, su familia también fue presuntamente detenida, aplicando la técnica del Sippenhaft, que implica arrestos de allegados de una persona buscada.
“Fernando está desaparecido y sus seres queridos (dos con graves condiciones de salud) fueron detenidos sin orden judicial. Castigan a inocentes para sembrar terror. Exigimos su liberación inmediata”, escribió el partido en X.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó de la reciente detención, en el estado Zulia, del joven periodista José Serna, de Noti 365.
“Cerca de las 8:30 am, efectivos de PoliCabimas se lo llevaron de su lugar de trabajo y lo mantienen en el comando ubicado en el sector Los Hornitos. Extraoficialmente se conoció que lo detienen por la publicación de un video de un hueco en la Av. Intercomunal. Exigimos su liberación inmediata”, escribió la organización en X.
El periodista fue liberado posteriormente el jueves después de revisarle inconstitucionalmente sus herramientas de trabajo.
Según la ONG Foro Penal, son más de 800 los presos políticos en el país, entre ellos Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, quien habría sido condenado a 30 años de prisión en un juicio del que nadie tuvo conocimiento. Se le acusa de terrorismo y conspiración..
Tudares cumple casi un año en desaparición forzada. La última vez fue visto cuando llevaba a sus hijas al colegio y unos policías lo abordaron.
“Han transcurrido 11 meses desde la detención arbitraria y desaparición forzada de mi esposo, Rafael Tudares Bracho. Hoy, 2 de diciembre de 2025, en horas de la noche, he tenido conocimiento de informaciones extraoficiales publicadas en redes sociales y en algunos medios digitales de comunicación, sobre la supuesta condena que se le habría impuesto a mi esposo, Rafael Tudares Bracho, por la pena máxima de 30 años de prisión, por supuestos delitos que habrían sido determinados con base en supuestos hechos que se le atribuyen a mi esposo, que no se corresponden con la verdad”, escribió en un comunicado Mariana González, esposa de Tudares e hija de Edmundo González.
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