Ante problemáticas como el diferencial cambiario, la ausencia del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y el aumento de las multas tributarias, el gremio contable zuliano presenta soluciones concretas para enfrentar la situación del país.
La situación económica de Venezuela está marcada por múltiples factores que distorsionan la estabilidad y viabilidad del aparato productivo y financiero.
Ante este escenario, el sector empresarial emprendió diversos procesos de readaptación estratégica para enfrentar las exigencias financieras y garantizar la operatividad de sus negocios.
James Ramos Ariza, presidente del Colegio de Contadores Públicos del estado Zulia, destacó que entre las prácticas más comunes adoptadas por los comerciantes se encuentran “las ofertas, los descuentos, la consignación, el pago en moneda fuerte, la diversificación de servicios y el crédito a mediano plazo”.
El especialista señaló que estos son los mecanismos que permiten sostener la actividad comercial en los principales centros económicos del país.
Primera problemática: el diferencial cambiario
Ariza señaló que el principal factor que genera “mayor impacto” en el proceso productivo y comercial del país es el diferencial cambiario entre el dólar oficial, establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV), y la divisa no oficial.
Indicó que esta brecha, incide directamente en la fijación de precios y genera distorsiones que afectan tanto a productores como a consumidores.
En ese sentido, instó a “emplazar a la directiva” del ente emisor, recordando que el artículo 318 de la Constitución establece como función esencial “lograr la estabilidad de los precios y preservar el valor interno y externo” del bolívar.
A juicio del contador, es urgente corregir la crisis cambiaria, ya que “afecta de forma directa al consumidor final”.
“Se debe garantizar que el mercado oficial satisfaga la demanda o, en su defecto, que sea más eficiente”, agregó.
Asimismo, reiteró que las asignaciones en divisas deben destinarse exclusivamente a los “procesos de producción y servicios que se requieren”, evitando que los ciudadanos recurran a la compra y venta de moneda como práctica especulativa que distorsiona el mercado cambiario.
Segunda situación: ausencia del INPC
El presidente del gremio instó al Banco Central de Venezuela (BCV) que publique de forma constante y oportuna el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), señalando que su ausencia genera “una profunda incertidumbre en el sector empresarial”.
Advirtió que estos indicadores son fundamentales para la toma de decisiones estratégicas en materia financiera, tributaria y operativa, además de servir como referencia clave para la planificación económica de la colectividad.
Cabe destacar que la falta de actualización o difusión oportuna de estos datos limita la capacidad de análisis del sector privado y obstaculiza la preparación de información contable y fiscal con criterios técnicos y realistas.
Tercer problema: aumento de multas tributarias
Otro factor que impacta negativamente al sector empresarial es “el incremento de multas establecidas por la administración tributaria a los contribuyentes”.
James Ramos Ariza señaló que, en varios casos, estas sanciones no se ajustan a lo previsto en el Código Orgánico Tributario (COT), lo que genera preocupación en el gremio.
Desde su punto de vista, esta política no genera impacto positivo en la recaudación ni en el estímulo a la formalidad empresarial.
“Inciden de forma contraria a lo que el gobierno, los empresarios, los gremios, las cámaras y los consumidores debemos promover: ampliar la base de contribuyentes, formalizar el mercado electrónico, aliviar la carga tributaria existente y generar una gran campaña de entrega y exigencia de factura”, puntualizó.
El Colegio de Contadores Públicos del estado Zulia reafirma su disposición de participar activamente en reuniones y mesas de trabajo que permitan construir soluciones concretas ante la crisis económica que atraviesa el país.
El gremio considera urgente una articulación multisectorial que permita diseñar soluciones sostenibles, inclusivas y técnicamente viables.
Apostamos por una gran campaña nacional de entrega y exigencia de factura, como herramienta clave para ampliar la base de contribuyentes, fortalecer la cultura tributaria.
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