Colombia, una nación marcada por las cicatrices de un conflicto interno prolongado y la frágil esperanza de un acuerdo de paz, se encuentra hoy sumida en una profunda crisis de derechos humanos. Cada vez son más las voces, tanto nacionales como internacionales, que señalan con preocupación que las políticas y la retórica del gobierno del presidente Gustavo Petro, no solo han sido insuficientes para proteger a los más vulnerables, sino que en muchos casos han contribuido a la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales.
Bajo la lupa de organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la propia ONU, se ha documentado un panorama desolador: masacres que se suceden con una brutalidad ininterrumpida en regiones históricamente abandonadas; la estremecedora cifra de líderes sociales y excombatientes de las FARC asesinados, cuyo grito silenciado es la prueba más cruda de la incapacidad estatal para garantizar la vida de quienes construyen paz; y una fuerza pública cuyo accionar, en ocasiones, cruza la delgada línea de la legítima seguridad hacia la violencia arbitraria, como quedó en evidencia en las protestas del Paro Nacional de 2021.
La vulneración, sin embargo, no es solo física. Es también económica y social. La profundización de la pobreza, la falta de acceso a la salud y educación de calidad, y la indiferencia ante el sufrimiento de comunidades indígenas y afrodescendientes, constituyen una violación silenciosa pero masiva de los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando un gobierno prioriza un modelo económico rígido sobre el bienestar de su pueblo, está decidiendo quién merece vivir y quién merece solo sobrevivir.
La Raíz de la Crisis
La actual crisis no es un fenómeno aislado. Hunde sus raíces en varias dinámicas convergentes:
1. La Securitización de la Política: La aplicación de un enfoque puramente militar y de “mano dura” a problemas sociales complejos ha demonizado la protesta legítima y ha generado un ambiente de confrontación entre el Estado y la ciudadanía.
2. El Desmantelamiento Institucional: El debilitamiento deliberado de instituciones clave para la paz y la justicia transicional, como la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, ha dejado a las víctimas sin el andamiaje necesario para encontrar verdad, justicia y reparación.
3. La Retórica Divisiva: Un discurso presidencial que estigmatiza a opositores, defensores de derechos humanos y periodistas crea un clima de permisividad y señala a estos actores como enemigos, poniendo en riesgo sus vidas y legitimando la violencia en su contra.
4. La Ausencia Integral del Estado: En vastos territorios, la única presencia estatal es la militar. La ausencia de salud, educación, justicia y oportunidades crea un caldo de cultivo para que los grupos armados ilegales se fortalezcan y la ciudadanía quede atrapada en el fuego cruzado.
La Brújula para Salir del Laberinto: Propuesta para una Solución Integral
Superar esta encrucijada requiere más que un simple cambio de gobierno. Exige un cambio de paradigma, un compromiso nacional renovado con la vida y la dignidad. Estas son algunas coordenadas esenciales para el camino a seguir:
1. Fortalecer, No Debilitar, el Estado Social de Derecho: Es imperativo reconstruir la confianza en las instituciones. Esto significa dotar de recursos y autonomía a la justicia, respaldar sin ambages los sistemas de paz y garantizar que toda acción de gobierno esté sujeta al escrutinio público y al marco constitucional.
2. Una Política de Seguridad Humana, No Solo Nacional: La seguridad no se logra solo con soldados. Se logra con médicos, maestros, jueces y oportunidades económicas. El Estado debe desplegar una presencia integral en los territorios, priorizando la protección de los civiles y el diálogo con las comunidades.
3. Diálogo Nacional Inclusivo y Sincero: Colombia necesita un gran pacto social que trascienda la polarización. Un diálogo que incluya a todos los sectores: el gobierno, la oposición, las víctimas, los jóvenes, los étnicos, los campesinos y la empresa privada. La mesa debe estar puesta para discutir un modelo de desarrollo que sea justo y sostenible.
4. Justicia y Verdad Sin Condiciones: Es innegociable el apoyo total al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Sin verdad no hay reconciliación posible, y sin justicia no hay disuasión para la violencia futura. Los crímenes de Estado deben ser investigados y sancionados con total transparencia.
5. Presión y Acompañamiento Internacional: La comunidad internacional no puede ser un espectador pasivo. Debe ejercer una presión constante y constructiva, apoyar los mecanismos de verificación y proveer los recursos necesarios para la implementación del acuerdo de paz y la protección de los defensores de derechos humanos.
Colombia no está condenada a la violencia. Su sociedad civil, vibrante y resiliente, es su mayor activo. La salida a esta crisis no será rápida ni fácil, pero es posible si hay voluntad política para escuchar el clamor de las calles y para colocar la dignidad humana en el centro de toda acción. El futuro de la nación depende de elegir, definitivamente, el camino de la paz sobre el de la guerra, y de los derechos sobre el olvido.
GUSTAVO DUQUE LARGO
Abogado venezolano, Máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia
gustavoduquelargo@gmail.com
Síganos ahora mismo en Instagram como elpregon.news y en Facebook como EL PREGÓN VENEZOLANO