El origen del conflicto radica en que la abogada Venkateswari Alagendra, cuñada de Khan, formó parte del equipo legal que representó al Gobierno de Nicolás Maduro en apelaciones contra la reanudación de la investigación. El tribunal reprochó la falta de transparencia de Khan al no informar oportunamente de esta relación familiar durante los procedimientos en curso, lo que reforzó las dudas sobre su imparcialidad
La Presidencia ad hoc de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió este martes aceptar la solicitud del fiscal Karim A. Khan de apartarse de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, tras considerar que existían motivos razonables de posible conflicto de intereses.
En su fallo, los jueces recordaron que el artículo 42(7) del Estatuto de Roma y la regla 35 de las Reglas de Procedimiento y Prueba se aplican tanto a casos como a situaciones en cualquier etapa, y subrayaron que la imparcialidad del fiscal debe garantizarse en todo momento.
El origen del conflicto radica en que la abogada Venkateswari Alagendra, cuñada de Khan y quien trabajó previamente bajo su dirección, formó parte del equipo legal que representó al Gobierno de Nicolás Maduro en apelaciones contra la reanudación de la investigación.
Según la Presidencia ad hoc, este vínculo familiar y profesional “podría llevar a un observador imparcial y razonable a temer la existencia de parcialidad”, lo que justifica la excusa del fiscal.
El tribunal también reprochó la falta de transparencia de Khan al no informar oportunamente de esta relación familiar durante los procedimientos en curso, lo que reforzó las dudas sobre su imparcialidad.
Por su parte, este lunes, tres ciudadanos venezolanos comenzaron este domingo una huelga de hambre frente a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos, con el objetivo de demandar que el tribunal agilice la investigación.
Los manifestantes, Mario José de Nigris León, Jhon Manuel Cáceres Morillo y Laura Angélica García Contreras, declararon: “Iniciamos una huelga de hambre contra la impunidad estructural del Gobierno de Nicolás Maduro. Lo hacemos por las víctimas de persecución, torturas, encarcelamientos y asesinatos en Venezuela. Le pedimos a la CPI que actúe ya, porque no puede seguir la justicia esperando. No pedimos compasión, pedimos justicia”.
Por su parte, el arco político opositor también viene exigiendo avances en la investigación. El viernes pasado Magallí Meda, integrante del equipo de la líder opositora María Corina Machado, recordó que desde 2018, cuando fue abierto el caso de Venezuela, la CPI ha documentado ocho mil 900 víctimas individuales.
“La propia Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI ha señalado la inacción de la Fiscalía. El pueblo venezolano no puede esperar más”, señaló en redes sociales.
La Fiscalía abrió formalmente una investigación en noviembre de 2021 por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela, al menos desde febrero de 2014. Casi cuatro años después, aún no se ha hecho pública ninguna orden de captura contra altos jerarcas del chavismo. Las víctimas y activistas exigen que el tribunal avance y ponga fin a la impunidad estructural.
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