El pasado junio, la Sala de Cuestiones Preliminares aprobó la reanudación de las investigaciones en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro apeló esta medida, y ahora la CPI decidirá sobre el recurso interpuesto por las autoridades criollas
El próximo 1 de marzo, la Corte Penal Internacional (CPI) emitirá su sentencia sobre la apelación interpuesta por el Gobierno de Venezuela contra la reanudación de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad en el país.
El pasado 27 de junio de 2023, la Sala Cuestiones Preliminares I de la organización aprobó que se retomen las investigaciones en el país criollo por crímenes humanitarios.
“Esta sentencia se dictará en audiencia pública, en la sala II de la sede de la Corte en La Haya (Países Bajos), en la presencia de la Fiscalía de la CPI, los Representantes de la República Bolivariana de Venezuela y la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (Opcv)”, señaló el ente en un comunicado.
La investigación por parte de la CPI contra Venezuela inició el 3 de noviembre de 2021, luego de que un grupo de países conformado Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú enviase una remisión a la corte sobre la situación en el país desde el 12 de febrero de 2014.
“La Sala de Apelaciones en esta apelación está integrada por los Jueces Marc Perrin de Brichambaut (Presidente), Piotr Hofmański, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Solomy Balungi Bossa y Gocha Lordkipanidze”, informó la corte.
La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro, cuando se conoció la decisión de reanudar la investigación el pasado año, fue que la Sala de Cuestiones Preliminares cometió “errores de hecho y de derecho que vulneran disposiciones fundamentales”, entre ellos la desestimación de pruebas que demostrarían la “productiva” labor del sistema judicial nacional.
Karim Khan, fiscal jefe de la CPI, firmó el pasado 3 de diciembre en Caracas un acuerdo con Miraflores para abrir una oficina de la corte en Caracas, para facilitar sus trabajos de “cooperación y asistencia técnica”.
Esta noticia llega apenas un día después que el Gobierno venezolano expulsó a los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos de la nación.
Lcda. Amarilis Romero Sánchez, CNP 12267
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