Un informe de la DEA reveló que las acciones violentas contra supuestos traficantes no ha frenado la llegada de drogas a EEUU
La campaña militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que acumula el ataque a sesenta y siete supuestas narcolanchas y la muerte de doscientos veintiuna personas, constituye una flagrante extralimitación de poder y una perpetración sistemática de crímenes violatorios de derechos humanos.
Informes de la Organización de las Naciones Unidas han catalogado estas acciones como ejecuciones extrajudiciales, denunciando que entre las víctimas figuran pescadores y trabajadores locales, mientras el flujo de sustancias ilícitas hacia el territorio estadounidense se mantiene intacto.
La ineficacia de la operación denominada ‘Lanza del Sur’, iniciada por la Administración de Donald Trump, quedó al descubierto tras revelarse una evaluación confidencial de la Administración de Control de Drogas (DEA). El estudio advierte que los bombardeos no han afectado ni el suministro ni el precio de la cocaína, evidenciando el absoluto fracaso de una estrategia bélica incapaz de frenar el consumo de drogas en Estados Unidos, nación que continúa posicionándose como el mayor consumidor del mundo. Funcionarios del Pentágono reconocieron ante el Congreso que las acciones armadas tampoco redujeron la pureza de la sustancia.
Violaciones graves a los derechos humanos
Lejos de desarticular a las organizaciones criminales, la ofensiva militar impulsada por el Pentágono solo provocó modificaciones tácticas en el tráfico ilícito. Según la evaluación de la DEA y reportes de The Washington Post, los carteles abandonaron el uso de lanchas rápidas en aguas internacionales para emplear embarcaciones de mayor tamaño y rutas costeras menos expuestas.
Asimismo, los grupos delictivos incrementaron el uso de aeronaves desde pistas clandestinas ubicadas entre Colombia y Venezuela hacia Guyana y Surinam, demostrando que la presión armada genera únicamente una expansión del delito hacia otros puntos vulnerables.
Organizaciones internacionales han reiterado su profunda preocupación por la eliminación de garantías legales en estas operaciones de carácter extraterritorial. La ONU advirtió a los gobiernos de la región sobre las graves consecuencias jurídicas y humanitarias de colaborar con esta política de Washington.
La matanza indiscriminada de civiles bajo la justificación de combatir el narcotráfico consolida una política de terror estatal que vulnera los principios elementales del derecho internacional humanitario y desvía la atención de la responsabilidad estructural del consumo interno estadounidense.
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FUENTE EFE, AP – Noti/Imágenes
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