La vida de Yandir Loggiodice, dirigente nacional del partido Político Centro Democrático (PCD), se encuentra en situación de riesgo extremo. Su familia y defensa denuncian que una válvula cerebral, implantada desde sus seis meses de vida, ha cumplido su ciclo útil y requiere una sustitución quirúrgica inmediata para evitar daños irreversibles o un desenlace fatal.
Loggiodice, de 34 años, se encuentra detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide desde el pasado 14 de julio. Según el informe médico de su especialista tratante, la válvula que drena el líquido cefalorraquídeo está vencida y podría colapsar o romperse en cualquier momento bajo las actuales condiciones de reclusión.
La abogada María Elisa González, esposa de Loggiodice, informó que el dirigente ha presentado cuadros severos de cefaleas (fuertes dolores de cabeza), mareos constantes y picos de presión arterial elevada.
“No estamos hablando de política, estamos hablando de un derecho humano fundamental: la vida, mi esposo tiene una emergencia médica real y documentada. Cualquier demora en su atención especializada puede tener consecuencias fatales, la vida de Yandir no puede esperar”, sentenció González.
La defensa denunció que, aunque Loggiodice fue trasladado de emergencia la semana pasada a un centro de salud desconocido para realizarle un electrocardiograma y un holter de ritmo cardíaco, hasta la fecha las autoridades no han suministrado información oficial ni resultados médicos a sus parientes.
Yandir Loggiodice participó activamente en la campaña presidencial de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Tras los eventos del 28 de julio se mantuvo en la clandestinidad hasta su captura, calificada por sus allegados como un “secuestro por parte de funcionarios del Estado”.
Ante la gravedad del diagnóstico, la familia y el partido EPC exigen que se le realice una evaluación inmediata por parte de sus médicos especialistas de confianza, se haga el traslado urgente a un centro hospitalario que cuente con los equipos para la sustitución de la válvula cerebral.
Además solicitan la libertad inmediata por razones humanitarias, considerando que su integridad física está bajo responsabilidad directa del Estado venezolano.
La denuncia ya ha sido consignada ante la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales de derechos humanos, alertando que el uso de la falta de atención médica como método de castigo constituye una violación grave a los tratados internacionales suscritos por la República.
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