La despenalización de la ley contra el odio, solicitada por Delcy Rodríguez la semana pasada, «es uno de los temas centrales»
Comisión especial ley contra el odio
El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, anunció este lunes que las primeras propuestas para la reforma a la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y Tolerancia incluyen su nombre actual, una mayor definición de conceptos dentro de la norma y la revisión de casos donde haya sido «mal aplicada».
La comisión especial del parlamento encargada de elaborar una propuesta de reforma de la Ley contra el Odio se instaló este lunes 5 de octubre en el Palacio Federal Legislativo con nueve de sus 11 integrantes. «Estamos todos de acuerdo tras el debate que esta ley debe tener un nuevo nombre, más propositivo, más para la formación y educación, más para prevenir hechos de violencia, hechos de odio, para prevenir la intolerancia en la política», dijo Infante (PSUV), quien preside la comisión especial, a medios de comunicación.
La despenalización de la ley, solicitada por Delcy Rodríguez la semana pasada, «es uno de los temas centrales», indicó el diputado, pero además señaló que «hay que trabajar sobre algunas definiciones necesarias, que queden muy claras en esta ley, que algunos elementos queden taxativos y podamos asegurar la correcta aplicación de esta ley».
También dijo que «es fundamental la responsabilidad de todos», por lo que se debe «mirar al futuro… y nadie se ocupe de la promoción del odio, de la instigación del odio o de la violencia, o nos quedamos viendo por los retrovisores, pero nosotros no estamos pidiendo que se olvide alguno de los hechos que hayan pasado».
Infante explicó que una vez tengan el documento, debe ser remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que sea aprobado. Una vez superado este paso, se presentará ante la plenaria de diputados para que pase por dos discusiones y una consulta pública.
El parlamentario dijo que esperan reunirse con el Programa para La Paz y Convivencia, instalado por Delcy Rodríguez en enero, con «víctimas del odio y la violencia» y también por aquellos «que fueron afectados de alguna manera por la implementación inadecuada» de este instrumento, al igual que oenegés, movimientos sociales y otros actores de la sociedad civil.
Asimismo, mencionó que «los casos que consigamos los vamos a atender y revisar», en una posición similar a lo ocurrido con la Ley de Amnistía aprobada este año. El diputado dijo que coinciden con la posición de Del Rodríguez sobre una «mala aplicación de la ley» en algunos «casos específicos».
Defensores y organizaciones de derechos humanos han exigido la derogación de la Ley contra el Odio por inconstitucional y arbitraria. Según el Foro Penal, 927 personas han sido imputadas por el delito de instigación al odio desde la entrada en vigencia de la ley en 2017. Hasta el 30 de septiembre, seis de estas personas seguían privadas de su libertad y 638 sujetas a medidas cautelares.
«En este momento tenemos una gran responsabilidad, con la reforma de esta ley constitucional, poder reencontrar a todo el país, a los amplios sectores de la sociedad venezolana con la paz, la convivencia, la tolerancia, el respeto, el reconocimiento y sobre todo la convivencia democrática», aseveró el diputado.
Noti/Imágenes: Lcdo. Andrés Salazar, CNP 4654
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