El líder opositor aseguró que la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU «ha sido clara», luego de que esta denunció que las detenciones incomunicadas y en aislamiento de opositores, equivalen a desapariciones forzadas
Edmundo González recibió el alta médica y afirmó que pronto retomará sus actividades
Edmundo González Urrutia exige al gobierno venezolano el cese de detenciones incomunicadas, tras el informe de la ONU que denuncia violaciones a los derechos humanos. Foto: José Jordan / AFP
El líder político opositor Edmundo González Urrutia subrayó este miércoles que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela “ha sido clara”, luego de que esta denunció que las detenciones incomunicadas y en aislamiento de opositores equivalen a desapariciones forzadas.
A través de su cuenta en X, González señaló: “El régimen debe cesar de inmediato la práctica del aislamiento e incomunicación de personas detenidas por motivos políticos. Esta forma de represión no solo es ilegal, sino que puede constituir un crimen de lesa humanidad”.
Destacó que el informe presentado el lunes en Ginebra “confirma lo que los venezolanos sabemos y hemos denunciado durante años: estas detenciones no son hechos aislados, sino parte de un plan sistemático del poder para aplastar la disidencia, perseguir a quienes piensan distinto y sembrar el miedo entre la ciudadanía”.
González exigió al Estado venezolano que actúe con urgencia para: Liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente.
Poner fin a la persecución política y las desapariciones forzadas.
Restablecer el Estado de derecho y garantizar el respeto absoluto a los derechos humanos en Venezuela.
Denuncia de la Misión de la ONU
La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, instó este miércoles al gobierno de Nicolás Maduro a cesar de inmediato la práctica de desaparición forzada de opositores. Alertó que esto podría constituir un crimen de lesa humanidad.
Expresó profunda preocupación por lo que describió como una práctica sistemática del Estado venezolano para silenciar a voces críticas, defensores de derechos humanos y figuras opositoras mediante el uso deliberado de detenciones arbitrarias, muchas veces sin acceso a comunicación ni asistencia legal.
“Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la misión.
Según el informe, estas detenciones selectivas forman parte de una política represiva planificada desde las más altas esferas del poder, con la complicidad de cuerpos de seguridad como el Sebin, la Dgcim, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana.
La Misión alertó sobre la inoperancia del habeas corpus, un recurso legal básico para proteger a ciudadanos contra detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Señaló que en al menos 20 casos recientes, las solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas, ignoradas o no tramitadas por el sistema judicial.
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