Los «narcosobrinos» Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, condenados por tráfico de drogas en 2016, al igual que Carlos Erick Malpica Flores fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La administración de Donald Trump también identificó y bloqueó una serie de empresas y buques ligados al transporte de crudo venezolano
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves 10 de diciembre un grupo de sanciones contra varias empresas y personas ligadas al círculo íntimo de Nicolás Maduro. Entre los sancionados están tres sobrinos de Cilia Flores y el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, así como seis empresas navieras que transportan petróleo venezolano.
«Estas sanciones desbaratan el intento fallido de la administración Biden de llegar a un acuerdo con Maduro, lo que permite su control dictatorial y brutal a expensas del pueblo venezolano y estadounidense. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Tesoro exige responsabilidades al régimen y a su círculo de compinches y empresas por sus continuos crímenes», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, conocidos como los «narcosobrinos», son señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como «narcotraficantes que operan en Venezuela».
En noviembre de 2015, Campo y Flores de Freitas fueron arrestados en Puerto Príncipe (Haití) mientras concretaban un acuerdo para transportar droga a Estados Unidos. Extraditados a EEUU, un año más tarde fueron condenados por narcotráfico, pero el entonces presidente Joe Biden les concedió el indulto en octubre de 2022 producto de negociaciones con la administración Maduro.
Campo y Flores de Freitas regresaron a Venezuela. La OFAC señaló que este año «han continuado con sus actividades de narcotráfico».
Otro de los sobrinos sancionados es Carlos Erik Malpica Flores, quien fue tesorero nacional y formaría parte de la vicepresidencia de Pdvsa.
Malpica había sido designado en julio de 2017, explica el Departamento del Tesoro, «pero fue eliminado de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) de la OFAC en 2022 para promover la reanudación de las negociaciones de un acuerdo, finalmente fallido, impulsado por la administración Biden para restablecer las elecciones democráticas en Venezuela».
El Departamento del Tesoro señaló que la política exterior de Estados Unidos debe «continuar presionando a quienes están vinculados al régimen de Maduro», cuyo núcleo familiar inmediato está bajo objeto de sanciones o en la lista de personas especialmente designadas.
Entre los sancionados también se incluyó al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, a quien acusaron mantener negocios con la familia Maduro-Flores como socio y participar en «lucrativos contratos» ligados al sector petrolero.
EEUU identifica buques
La OFAC incluyó en su lista de sancionados a las empresas Myra Marine Limited, Arctic Voyager Incorporated, Poweroy Investment Limited, Ready Great Limited, Sino Marine Services Limited y Full Happy Limited, registradas en las Islas Marshall, Reino Unido y las Islas Vírgenes Británicas.
Las compañías de transporte de crudo fueron señaladas de «prácticas engañosas para ocultar su ubicación, ya sea omitiendo su ubicación o transmitiendo una ubicación falsa» para llevar petróleo venezolano a diversos mercados, principalmente a Asia.
También se identificó como propiedades bloqueadas a los buques de banderas panameñas Kiara M, Lattafa y H. Constance, Tamia (con bandera de Hong Kong) y Monique (con bandera de las Islas Cook).
Estos tanqueros han sido identificados por EEUU transportando crudo venezolano entre mayo y octubre de este año para seguir «proporcionando recursos financieros que impulsan el régimen narcoterrorista corrupto de Maduro».
El bloqueo de estos buques se producen tras la incautación, informada un día antes por el presidente Donald Trump, de un tanquero cerca de las costas venezolanas, cuestión que la administración Maduro repudió, al asegurar que solo persigue el fin de «apropiarse» de los recursos naturales del país.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este jueves que el buque petrolero «irá a un puerto estadounidense y Estados Unidos sí tiene la intención de incautar el petróleo. Sin embargo, existe un proceso legal para la incautación de ese petróleo, y ese proceso legal será seguido».
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