Estados Unidos destinó seis millones de dólares para atender este plan piloto de repatriación desde Panamá. Los funcionarios aseguraron que se respetarán los derechos humanos de los migrantes y se revisarán los casos de las personas en riesgo de persecución o de tortura que no pueden regresar a sus países mientras el tránsito de migrantes venezolanos continua en altas y bajas.
Las administraciones de Estados Unidos y Panamá firmaron un acuerdo el pasado 1 de julio para atender los flujos migratorios que cruzan la selva del Darién con miras de atravesar la frontera estadounidense. Marcela Escobari, asistente especial del Presidente y coordinadora de la Declaración de Los Ángeles de La Casa Blanca, informó este martes de 2 julio en una conferencia de prensa, que su país brindará apoyo a Panamá «para ayudar a repatriar rápidamente a los migrantes que no tienen una base legal para permanecer» en esa nación.
Ambos países esperan disuadir a los migrantes de ponerse en riesgo y a sus familias cruzando la peligrosa selva del Darién y toda la demás trayectoria de cruzar Centroamérica y los invitan a hacer uso de las vías legales disponibles para ir a Estados Unidos y otras regiones del mundo.
Escobari enfatizó que este nuevo acuerdo respetará las obligaciones internacionales, los derechos humanos de las personas migrantes y busca manejar los crecientes movimientos migratorios de manera segura y ordenada. Por su parte, Panamá se comprometió a seguir avanzando en el control fronterizo, el fortalecimiento de las vías legales y la estabilización de los migrantes.
Se desconoce en qué fecha específicamente este programa comenzará con las repatriaciones que se harán sin tomar en cuenta las nacionalidades de los migrantes. Tampoco se especificó cuántas personas serán deportadas semanalmente.
EEUU instó al recién electo presidente de Panamá, José Mulino, a iniciar un programa para que los migrantes puedan solicitar un estatus legal temporal con tarifas reducidas y recomendó que quienes tengan estatus legal puedan validar sus credenciales profesionales.
Por su parte, el subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Eric Jacobstein, aclaró que las personas víctimas de persecución o de tortura serán protegidas por estar en riesgo y no poder regresar a sus países de origen.
«Estados Unidos ha asignado seis millones de dólares en apoyo a las iniciativas de Panamá en este programa piloto», informó Jacobstein, quien detalló que esta colaboración incluye sólidos salvoconductos para apoyar los DDHH y la protección.
Luis Miranda, subsecretario adjunto principal de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que los fondos que se utilizarán para hacer estas deportaciones desde Panamá serán proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) «ya que tiene la experiencia en la materia. Apoyaremos lo que es entrenamiento y el desarrollo de capacidades para fortalecer e institucionalizar procesos seguros y humanos en Panamá».
De acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá, en este primer semestre del año, por la selva del Darién transitaron 186.969 migrantes, los que más cruzaron fueron los venezolanos con un total de 122.616 ciudadanos, seguidos de los ecuatorianos con 12.839 personas y 12.059 colombianos. La cifra de personas que cruzó esta ruta en 2023 superó el medio millón.
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