En la Inspectoría del Trabajo del Zulia funciona una amplia red de corrupción de funcionarios que violan los derechos humanos de los trabajadores irrespetando tanto las leyes que amparan a los trabajadores como a la misma Constitución Nacional.
Lamentablemente, en Venezuela muchos funcionarios públicos violan los derechos de los ciudadanos como y cuando les da la real gana. Así se expresó el abogado Gustavo Duque al informar a este medio que muchos son los casos de abuso de poder demostrados por algunos funcionarios tanto en el ámbito policial como en el administrativo.
Según el precitado abogado Duque, el comentario anterior se debe a una serie de irregularidades ocurridas en la inspectoría del trabajo ubicada en la avenida 5 de julio de Maracaibo, ya que algunos de los funcionarios adscritos a esa dependencia gubernamental se han asociado para forjar los expedientes y favorecer a los empresarios infractores.
Un ejemplo de ello es un caso que lleva en contra del mini market CocaClub ubicado en el Naranjal, donde su encargado de nombre José Acosta luego de acosar a una empleada, la despidió de manera injustificada y los funcionarios de la inspectoría del trabajo del Zulia, Ruth Carmona y José Solarte, entre otros, con la venia de la jefe de la sala de fueron abog. Marinelis Escalante, quienes se prestaron para forjar las actas contentivas del expediente insertando, ellos y no el patrono ya que el abogado de la empresa no tenía cualidad ya que no se había insertado el poder en el expediente para este fungir como tal, una solicitud de calificación de despido contra la empleada despedida de manera injustificada luego de haberse declarado dicha empresa en desacato por no aceptar el pago inmediato de beneficios no cancelados a la empleada en cuestión, por lo cual se hace necesaria una investigación exhaustiva y tomar los correctivos sancionatorios según la Ley.
Con el forjamiento del expediente, los mencionados funcionarios buscan favorecer a la empresa CocaClub ya que quien actualmente la representa, Abogado Freddy Arrieta, fue en otrora inspector general del trabajo de esa sede y fue la persona que los ingresó a trabajar en dicho organismo, incurriendo tanto el apoderado como los funcionarios mencionados en el delito de Tráfico de Influencias, el cual aparece tipificado en el artículo 71 de la Ley contra la Corrupción.
Según el denunciante, desde el 22 de enero que se realizó el auto de ejecución forzosa a la fecha, aún no han sido elaborados los oficios de sanciones y remisión al Ministerio Público por el desacato por parte de la jefe de la sala de fueros abogada Marinelis Escalante para poderse ejecutar las sanciones correspondientes a la empresa CocaClub ya que por instrucciones el apoderado de la empresa, esta decidió realizar una nueva visita para tratar de lograr el reenganche y poder aplicar una calificación de despido la cual fue solicitada por el abogado de la empresa luego de ser declarada la empresa en desacato, lo cual raya en ilegalidad y parcialidad en favor de la empresa violando flagrantemente el artículo 26 Constitucional, además de que, dicha empresa carece de todos los permisos como: solvencia laboral, cumplimiento de la ordenanza de la Contraloría Sanitaria, solvencia del Impuesto sobre la renta, inscripción y solvencia en el Seguro Social y la solvencia municipal, entre otras, necesarios para operar de manera legal.
Para finalizar, acotó Duque, “ante este bochornoso delito de tráfico de influencias, asociación para delinquir y forjamiento de documentos públicos y violación de los derechos fundamentales llevado a cabo por los mencionados funcionarios en favor del apoderado de la empresa CocaClub al no ordenar la detención del patrono por incurrir en Desacato de una providencia administrativa de ejecución forzosa, Solicito formalmente, al Ministro del Trabajo de Venezuela, así como al Fiscal General de la República, a que se avoquen a la apertura de las averiguaciones correspondientes a fin de sancionar los delitos cometidos y la determinación definitiva de DESACATO TOTAL por parte de la empresa CocaClub para con el acto de ejecución forzosa realizado por la Inspectoría del trabajo, se resuelva el caso y se impute a los implicados”.
Héctor Barrios S./Pasante
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