El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) confirmó recientemente al país sudamericano como líder regional en IA gracias a altos niveles de inversión en infraestructura tecnológica, programas de capacitación y políticas de apoyo
“No es que un país como Chile aspire a tener un asiento en la mesa con las mayores potencias del mundo, sino que ya lo tiene”, afirmó Aisén Etcheverry, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile a principios de este año en una entrevista con France 24.
Sus palabras captan la creciente ambición de Chile de impulsar un proyecto de ley pionero para regular la inteligencia artificial (IA), lo que desató un debate nacional sobre cómo equilibrar la innovación con la ética.
El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) confirmó recientemente a Chile como líder regional en IA gracias a altos niveles de inversión en infraestructura tecnológica, programas de capacitación y políticas de apoyo.
Sin embargo, a medida que el gobierno del presidente Gabriel Boric busca expandir el uso de la IA para impulsar la modernización y el crecimiento sostenible en el país, ha habido un enfoque sostenido en las discusiones en torno a la implementación de regulaciones de IA para promover un «uso ético, transparente y responsable de la IA para el beneficio de todos».
“Algunas empresas ven las regulaciones como una oportunidad para crecer, mientras que otras las ven como una carga. Pero a largo plazo, quienes se resistan a la innovación perderán terreno en el mercado”, afirmó Sebastián Martínez, gerente general de Nisum Chile, empresa de consultoría tecnológica y desarrollo de software, en una conversación con Latin America Reports.
El proyecto de ley de regulación de IA propuesto por el gobierno, presentado por primera vez al Congreso en mayo de 2024, fue aprobado por la Cámara de Diputados el 4 de agosto de 2025 y ha pasado a la Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para ampliar la conversación aprovechando las opiniones de expertos de los sectores público, privado, académico y de la sociedad civil.
Aunque el gobierno sostiene que la implementación de este proyecto de ley promovería la innovación y el desarrollo responsable alineado con los estándares internacionales, los críticos advierten que una regulación estricta podría, en cambio, obstaculizar el progreso tecnológico que el país pretende lograr.
“La inteligencia artificial no es una amenaza; es una herramienta. Pero a menos que invirtamos en educar a la gente sobre ella, el miedo dominará y Chile se perderá los beneficios que esta tecnología puede aportar”, señaló Martínez.
El proyecto de ley para regularizar la IA
El Presidente Boric ha enfatizado constantemente la importancia de invertir en inteligencia artificial como un motor clave del desarrollo en Chile y América Latina, colocando la ambición, la innovación y la toma de decisiones informada en el centro del enfoque de su gobierno.
Si bien reconoció los riesgos que plantea la IA, el presidente subrayó el papel y la responsabilidad humanos en la regulación de las tecnologías avanzadas para garantizar una práctica ética.
Al intervenir en el foro Congreso Futuro 2024 sobre inteligencia artificial, Boric afirmó : “Es necesario acompañar su desarrollo con una profunda reflexión ética”.
Estos comentarios se hicieron poco antes de que su gobierno presentara su proyecto de ley el 7 de mayo de 2024, destinado a garantizar que el desarrollo y el uso de IA en Chile respete los derechos de los ciudadanos y al mismo tiempo promueva la innovación y fortalezca la capacidad del Estado para responder a los riesgos y desafíos que plantea la tecnología.
El proyecto de ley está alineado con la Recomendación sobre la Ética de la IA de la UNESCO, un marco que guió a Chile a convertirse en el primer país del mundo en aplicar y completar la Metodología de Evaluación de Preparación (RAM) de la UNESCO.
Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, elogió la iniciativa y afirmó: “Chile se ha convertido en un líder mundial en la gobernanza ética de la IA, y estamos orgullosos de que la UNESCO haya desempeñado un papel esencial para ayudar a lograr este hito”.
De aprobarse, el proyecto de ley pretende impulsar la innovación en el sector empresarial, apoyando especialmente a las pequeñas y medianas empresas (PYME), fomentando las condiciones tecnológicas necesarias para el crecimiento, manteniendo al mismo tiempo la supervisión regulatoria de los sistemas de IA.
La propuesta también busca proteger a los chilenos de la discriminación algorítmica, la falta de transparencia en las interacciones de IA, así como la toma de decisiones de IA que podría afectar derechos fundamentales en áreas como la salud, la educación, el derecho y las finanzas.
El enfoque de Chile para regular la IA
La regulación de IA propuesta por Chile adopta un marco basado en riesgos, similar a la Ley de IA de la UE, clasificando los sistemas en cuatro categorías: riesgo inaceptable, riesgo alto, riesgo limitado y sin riesgo evidente.
Según la propuesta, los sistemas de IA que se consideren un riesgo inaceptable quedarían estrictamente prohibidos. Esto incluye tecnologías que menoscaban la dignidad humana, como las que generan deepfakes o contenido sexual que explota a grupos vulnerables como niños y adolescentes.
El proyecto de ley también prohíbe los sistemas diseñados para manipular emociones e influir en decisiones sin consentimiento informado, así como aquellos que recopilan o procesan datos biométricos faciales sin permiso explícito.
Los sistemas de IA de alto riesgo son aquellos que podrían afectar significativamente la salud, la seguridad, los derechos constitucionales fundamentales, el medio ambiente o los derechos del consumidor. Las herramientas de IA utilizadas en los procesos de selección para filtrar solicitudes de empleo, por ejemplo, se incluyen en esta categoría debido a su potencial sesgo y discriminación.
Entre los sistemas de IA que se consideran de riesgo limitado se incluyen aquellos con un potencial mínimo de manipulación, engaño o error en las interacciones de los usuarios, como los chatbots de servicios públicos que responden a consultas dentro de su ámbito de competencia. En el nivel más bajo, se considera que los sistemas sin riesgo evidente son herramientas como los motores de recomendación de películas o música, tecnologías que bajo ninguna circunstancia vulneran los derechos fundamentales.
Bajo este modelo, los sistemas de IA no requerirán certificación ni revisión previa a su comercialización. En su lugar, cada empresa será responsable de evaluar y clasificar sus propios sistemas, según las categorías de riesgo establecidas.
Según explicó el ministro Etcheverry, los casos de incumplimiento darán lugar a sanciones administrativas impuestas por la futura Agencia de Protección de Datos de Chile, con decisiones susceptibles de recurso ante los tribunales del país.
¿Innovación o limitación?
Si bien muchos actores de los sectores público, privado y de la sociedad civil apoyan el proyecto de ley sobre IA por su énfasis en el uso responsable y ético de la tecnología, los expertos también han expresado su preocupación por la estrecha alineación del marco basado en el riesgo con los estándares de la UE y la posible burocracia que este modelo podría introducir.
Sebastián Dueñas, investigador del Programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), criticó el marco regulatorio por sus estrictas regulaciones y la vaga definición de lo que constituye un sistema de «alto riesgo». Advirtió que dicha ambigüedad podría frenar la innovación, desalentando a los desarrolladores que temen fuertes sanciones.
La similitud del marco con la Ley de IA de la UE también ha generado dudas, dadas las sustanciales diferencias entre el contexto chileno y el de la UE. Matías Aránguiz , profesor de la Facultad de Derecho y subdirector del Programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la UC, destacó la disparidad en presupuesto y personal como un desafío importante para la implementación efectiva de un enfoque regulatorio similar basado en riesgos en Chile.
En agosto, la Cámara de Comercio de Santiago , una asociación comercial sin fines de lucro que representa a más de 2.500 empresas de los principales sectores económicos de Chile, expresó su preocupación por el posible impacto del proyecto de ley.
La asociación advirtió que la rigidez del marco basado en riesgos propuesto podría afectar negativamente el desarrollo tecnológico, la inversión y la competitividad nacional.
La asociación enfatizó la necesidad de fomentar el desarrollo responsable de IA en Chile, evitando regulaciones demasiado restrictivas que puedan limitar la innovación y el potencial transformador de la tecnología.
Haciendo eco de esta opinión, Dueñas comentó : “Regular la IA es necesario, pero hacerlo con la misma rigidez que la Unión Europea —justo cuando están tratando de suavizar su propio marco— solo agregaría fricción al desarrollo chileno”.
Para Martínez, por otro lado, lo que más se necesita es inversión, más que regulación. «Chile necesita invertir urgentemente en IA. Sin ella, corremos el riesgo de quedar aún más rezagados respecto a EE. UU., y la brecha entre nuestros mercados seguirá ampliándose», enfatizó.
El proyecto de ley de regulación de la IA propuesto por el gobierno refleja más de dos años de trabajo colaborativo, con la participación del Comité Nacional de Expertos en IA, comisiones del Congreso y miembros tanto del mundo académico como de la sociedad civil.
Sin embargo, el debate continúa ya que actores de diversos sectores se reunieron el 14 de agosto para resaltar tanto los avances logrados como las complejidades que aún persisten para abordar este desafío tecnológico.
Artículo escrito por Nadia Hussain en Latin America Reports. Versión en castellano para El Nacional.
Lcda. Jessica Urribarri Valbuena. CNP 19925. – Noti/Imágenes
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