La defensa presentó como prueba crucial una carta del exmagistrado Eladio Aponte Aponte, certificada en Costa Rica, donde se admite que recibió instrucciones superiores para condenar a los policías sin importar las pruebas
Los abogados criticaron que el tribunal bloquee sistemáticamente las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena
Los abogados y parientes de los comisarios y agentes de la extinta Policía Metropolitana (PM) alzaron su voz contra la Corte de Apelaciones del estado Aragua. Durante una rueda de prensa, denunciaron que el tribunal negó nuevamente el beneficio de amnistía a los funcionarios vinculados a los sucesos de abril de 2002, una decisión que califican como una «extrema injusticia».
Yajaira Castro de Forero, esposa del comisario Lázaro Forero, lideró el pronunciamiento junto a los juristas Theresly Malavé y Carlos Aponte.
Castro subrayó que los tribunales mantienen tras las rejas a hombres que nunca cometieron crímenes de lesa humanidad. Recordó que la justicia los sentenció mediante un proceso viciado por homicidio en grado de complicidad, ignorando que ya cumplen con todos los requisitos legales para obtener su libertad.
Pruebas de manipulación judicial y beneficios negados
La defensa presentó como prueba crucial una carta del exmagistrado Eladio Aponte Aponte, certificada en Costa Rica. En el documento, el antiguo juez del TSJ admite que recibió instrucciones superiores para condenar a los policías sin importar las pruebas.
Para los familiares, este testimonio ratifica que el Estado utiliza el sistema judicial como una herramienta de persecución política contra los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero, y los funcionarios Héctor Rovain, Luis Molina, Erasmo Bolívar y Julio Rodríguez.
Asimismo, los abogados criticaron que el tribunal bloquee sistemáticamente las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena. Señalaron que, tras más de dos décadas de encierro, a los efectivos les corresponden por derecho el destacamento de trabajo, el régimen abierto o la libertad condicional. Sin embargo, los jueces aplican la ley de Amnistía de forma «selectiva y excluyente», dejando fuera a estos presos políticos sin sustento jurídico real.
Llamado humano ante el colapso de la justicia
La jornada cerró con el conmovedor testimonio de la hermana de Héctor Rovain. Ella relató cómo la injusticia destruyó a su familia: sus padres murieron esperando el regreso de Héctor, mientras que su hijo creció con un padre ausente. «Pongan la mano en el corazón», imploró a las autoridades al exigir la liberación de quienes considera inocentes.
Finalmente, los defensores urgieron una reforma profunda del sistema de administración de justicia en Venezuela. Sostuvieron que el país necesita rescatar la independencia de los tribunales y la Fiscalía para impedir que se repitan procesos basados en expedientes manipulados y decisiones dictadas por intereses políticos.
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