La nueva ley establece responsabilidad personal a los directivos de las entidades por el uso de sistemas prohibidos
El gobierno español intensifica su estrategia regulatoria mediante la aprobación del proyecto de Ley Orgánica para el Buen Uso y Gobernanza de la Inteligencia Artificial. Esta normativa, que ya se encuentra en el Congreso de los Diputados, establece un marco punitivo riguroso para asegurar que la adopción de estas tecnologías respete los derechos fundamentales.
Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, destacó que España se posiciona como líder mundial al combinar el desarrollo tecnológico con una regulación que prioriza la confianza y la protección ciudadana.
El nuevo marco legal, que alinea la legislación nacional con el Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA) de la Unión Europea, impone multas significativas para quienes vulneren sus disposiciones.
En las infracciones calificadas como muy graves, las empresas podrían enfrentar sanciones económicas de hasta 35 millones de euros o el 7% de su volumen global de negocio. Por su parte, las faltas consideradas leves acarrean penalizaciones de hasta 500.000 euros o el 0,5% de la facturación anual.
Responsabilidad directa y prohibiciones específicas
La ley introduce un elemento de control adicional al responsabilizar personalmente a los directivos de las entidades por el uso de sistemas prohibidos. Esta medida busca garantizar que la cúpula de las empresas supervise de manera efectiva el cumplimiento de la norma.
El proyecto clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo y veta estrictamente aquellas aplicaciones que representan un peligro para la salud o la seguridad, tales como técnicas subliminales de manipulación o el uso de datos biométricos para la clasificación masiva de usuarios.
Además de las restricciones generales, la propuesta española incorpora prohibiciones específicas que superan el alcance inicial del RIA comunitario. Entre ellas, destacan la restricción total para la introducción, operación o uso de sistemas generadores de deepfakes sexuales y herramientas que modifiquen contenido de abuso infantil.
España, junto con Francia, impulsó esta medida para cerrar brechas de seguridad digital, logrando que la Unión Europea comience a integrar estas salvaguardas en su normativa vigente desde agosto de 2024.
Supervisión algorítmica y fiscalización continua
Para mantener el control sobre los modelos permitidos, el proyecto exige una supervisión técnica constante. La Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial actuarán como entes fiscalizadores de los algoritmos en circulación.
Este esquema garantiza que cualquier herramienta tecnológica cumpla con estándares de transparencia y ética desde su diseño hasta su implementación.
Las empresas deberán presentar informes periódicos que permitan actualizar la clasificación de riesgo de sus sistemas. Este proceso busca atender la rápida evolución de la tecnología, facilitando la identificación de nuevos modelos que no estaban contemplados originalmente.
Con estas medidas, España pretende consolidar un entorno donde la innovación digital ocurra bajo una gobernanza estricta, asegurando que cualquier infracción sea sancionada conforme a la gravedad de los daños ocasionados.
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