El gobierno celebra la medida que beneficia a medio millón de personas, mientras que la oposición de ultraderecha calificó la medida de “disparate”
El Gobierno de España tiene previsto dar luz verde este martes 27 de enero a una medida sin precedentes: un real decreto que permitirá la regularización extraordinaria de aproximadamente 500.000 personas migrantes.
Esta decisión nace de un acuerdo político estratégico con Podemos y responde a la histórica demanda de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 800 organizaciones civiles. Para el Ejecutivo, esta medida no solo es un acto de reparación y humanidad, sino una herramienta de eficiencia económica que permitirá aflorar miles de empleos hoy ocultos en la economía sumergida, fortaleciendo el sistema público de pensiones y la seguridad social.
Desde la plataforma ‘Regularización Ya’, los promotores describen el anuncio como la culminación de un «sueño inalcanzable» que permitirá a miles de familias salir de la vulnerabilidad extrema. Silvana Cabrera, portavoz de la organización, ha subrayado que esta medida combate el «racismo estructural» y reconoce el valor de las personas que ya forman parte del tejido social del país.
La postura oficial sostiene que un país moderno no puede permitirse mantener a medio millón de sus residentes en un limbo legal que fomenta la explotación y limita el crecimiento colectivo.
Mauricio Valiente, codirector de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), apoyó esta visión al calificar la regularización como un acto de estricta «justicia». Según los defensores de la norma, la integración administrativa facilitará el acceso a derechos fundamentales y garantizará que quienes contribuyen diariamente a la riqueza del país reciban el reconocimiento legal que merecen. El decreto afectará a quienes acrediten su estancia en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales y demuestren al menos cinco meses de residencia.
El PP y Vox entre críticas infundadas y racismo extremista
La oposición conservadora ha reaccionado con una dureza extrema, tildando la iniciativa de «disparatada» y acusando al Ejecutivo de utilizarla como una maniobra de distracción. Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha vinculado la aprobación del decreto con la crisis ferroviaria reciente, sugiriendo que el Gobierno intenta «desviar la atención» tras incidentes que han dejado un saldo de 46 fallecidos.
El líder del PP sostiene que la política migratoria actual es errática y que una regularización masiva solo servirá para «desbordar los servicios públicos» y aumentar el gasto estatal sin control.
Feijóo ha centrado sus críticas en el concepto de «efecto llamada», argumentando que otorgar papeles de forma masiva incentiva la llegada desordenada de más personas, lo que a su juicio pondría en riesgo la estabilidad del Estado de derecho.
Por su parte, el partido ultraderechista Vox elevó el tono de la confrontación al calificar al presidente Pedro Sánchez de «tirano» y acusarlo de promover una «sustitución» del pueblo español. Santiago Abascal, dirigente de Vox, utilizó sus canales de comunicación para alertar sobre lo que define como una «invasión de 500.000 ilegales», asegurando que la medida acelera la fractura de la convivencia nacional. La formación insiste en que la prioridad debería ser la repatriación inmediata y la expulsión de quienes no tienen documentos, rechazando cualquier forma de arraigo como vía legal.
Fuente EFE – Noti/Imágenes