La Audiencia Nacional de España rechazó abrir proceso contra Miguel Rodríguez y Luisa Ortega al considerar que no tiene jurisdicción sobre los presuntos delitos cometidos fuera del país. El tribunal señaló que la denuncia se basa en fuentes periodísticas y en el testimonio de una activista
La Justicia española rechazó este martes 8 de julio la admisión a trámite de una querella por un delito de lesa humanidad contra el exministro venezolano Miguel Rodríguez y la ex fiscal general Luisa Ortega, en la que se relataba la presunta violación de derechos humanos durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
La Audiencia Nacional considera que carece de «competencia jurisdiccional» para investigar estos hechos y recuerda que la Corte Penal Internacional (CPI) está investigando delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela, «siendo esta instancia donde deben ser canalizados este tipo de denuncias».
En su auto, al que tuvo acceso EFE, un juez del tribunal explica que los delitos de lesa humanidad denunciados se basan en «informaciones de carácter periodístico» y que el testimonio de la denunciante no sirve para «otorgar veracidad» a estos delitos en concreto.
El magistrado, no obstante, ve en su relato «la notoria vulneración de sus derechos fundamentales, relatando un conjunto de hechos que deben ser calificados como un delito de torturas o contra la integridad moral, sin que pueda estimarse, en este solo hecho, la calificación inicial que pretende realizarse acerca de la concurrencia de un delito de lesa humanidad».
Esos presuntos delitos de torturas y contra la integridad moral habrían sido cometidos fuera de España contra una víctima que no tiene la nacionalidad española, lo que impide a la Audiencia Nacional investigarlo.
La denunciante, que era activista social y representaba al grupo de mujeres Proyecto Venezuela, denuncia haber sufrido torturas, detenciones y violaciones en 2003 y 2004.
En un primer episodio, denuncia haber sido secuestrada, sedada e interrogada acerca de militares disidentes.
En otra ocasión, relata que individuos que se identificaron como «agentes de la DSIP (Dirección Nacional de Servicios de Inteligencia y Prevención) Paralela» irrumpieron en el domicilio donde se encontraba, la sacaron a la fuerza y la llevaron ante un «agente que dirigía la comisión y dirigió la tortura, identificado como Melvin Collazo», delante de su superior.
Así lo explica la fiscal en el escrito en el que pidió al juez que consultase si los hechos de esta querella están encuadrados en procedimientos de la CPI.
La mujer también asegura que la llevaron a un cuarto, por orden de Miguel Rodríguez, que fue director de la Agencia de Inteligencia de Venezuela y después ministro, donde fue «inmovilizada, golpeada» y «violada».
«Se le informó que toda su tortura estaba siendo grabada y que quedaría como advertencia a todos por orden del director Miguel Rodríguez», indica la fiscal al reproducir la querella.
La denunciante, que señala que pasó 59 días en una cárcel militar, sostiene que fue llevada a un tribunal civil, donde por orden de la fiscal Luisa Ortega no se le tomó declaración.
El juez cree que, en los hechos descritos por la denunciante, «atentatorios contra la integridad física, corporal y moral, se aprecia (…) la intervención del querellado Miguel Rodríguez, pero no presenta el mismo carácter, la intervención» de Luisa Ortega.
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